"El acuerdo de 1992 fue a condición de entrega de recursos"

Injusto, estrangular al DF para que asuma gasto educativo: expertos

LAURA POY SOLANO

A más de 12 años de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en 1992, la federalización de los servicios educativos presenta un panorama "desalentador", con resultados muy por debajo de las expectativas y con un proceso de democratización y autonomía educativa que "aún es una aspiración, no una realidad".

Especialistas en la materia señalan que si bien la firma del acuerdo permitió parar la "caída libre" en la que se encontraba el sistema educativo nacional desde el inicio de la "década pérdida" de los años 80, "no se tuvo el impacto esperado" ni se logró abatir la centralización de las decisiones en materia de política educativa.

La federalización de los servicios educativos en 1992, señaló Alberto Arnaut, investigador de El Colegio de México y especialista en política educativa, se realizó a condición de que se entregaran a las entidades los recursos necesarios, lo que implicó que "tuvieron más de una década para realizar un ajuste gradual e incrementar su participación de 8 por ciento a poco más de 20 por ciento".

De haberse planteado en los términos en los que hoy se exige al Gobierno del Distrito Federal que se responsabilice del gasto de los servicios educativos con la reforma al artículo 122 constitucional, "más de dos tercios de las entidades no hubieran participado en el acuerdo, pues no contaban con las condiciones para asumir esta responsabilidad", enfatizó.

Destacó que las finanzas educativas aún representan un "problema para el equilibrio financiero de las entidades, donde una mala negociación con el gremio magisterial podría poner en jaque sus finanzas, pues 90 por ciento de los recursos que se destinan a la educación corresponden al pago de salarios y prestaciones para docentes".

Sin embargo, insistió, la equidad en la inversión estatal en materia educativa es una "propuesta positiva que debe corregir un desajuste histórico", aunque señaló que debe ser un proceso gradual, pues es injusto que se pretenda estrangular las finanzas del Gobierno del Distrito Federal con el fin de que asuma esta responsabilidad".

Al respecto, Lucía Rivera, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), afirmó que la descentralización de los servicios educativos "sólo trasladó las responsabilidades administrativas y laborales a las entidades, pero no la creación de una política educativa federal, pues incluso la propia federalización fue una imposición política generada desde el centro, en la que no se consideraron las desigualdades y asimetrías del sistema educativo nacional, lo que generó que el proceso de descentralización se asumiera de forma muy desigual en las entidades".

Es claro, agregó, que la descentralización de los servicios educativos sólo generó que los estados asumieran las responsabilidades financieras del gasto administrativo, pero no "la conducción de una política educativa estatal que resolviera las necesidades específicas de la entidad, por el contrario, la pugna por los recursos incrementó la división y el enfrentamiento entre las entidades, como sucede con la reforma al artículo 122 constitucional, con que se pretende maniatar al gobierno capitalino por un supuesto beneficio en favor de otras entidades".

Fiscalización: cuentas pendientes

Advirtió que la falta de mecanismos jurídicos que obliguen a las entidades a entregar cuentas del uso que dan a los recursos que reciben de la Federación en materia educativa, "es uno de los grandes vacíos normativos que no consideró el acuerdo de 1992, pues a la fecha no sabemos cuánto de los recursos públicos estatales y federales se invierte realmente en educación en cada estado, es decir, hay pocos recursos, mal distribuidos y mal aprovechados".

La correlación de fuerzas políticas en las entidades, agregó, fue otro de los factores que no se consideraron en el acuerdo y que hoy en día "tienen un impacto en las decisiones que cada entidad asume en materia educativa, pues la negativa a respaldar una iniciativa federal como la reforma de prescolar o la educación secundaria, podría implicar un alto costo político para los estados que dependen de los recursos fiscales que distribuye el gobierno federal", por lo que las reformas que impulsa la autoridad educativa central "son asumidas de forma vertical, pues de ello depende la imagen política del estado hacia la Federación".