Depositados en Banobras, recursos extrapresupuestales ''a fondo perdido'': SHCP

Aporta SCT $14 mil millones para que autopistas concesionadas sean rentables

Cifra 410 veces superior al recorte propuesto para la secretaría durante 2005

VICTOR CARDOSO

Fuera de cualquier recorte presupuestal, durante 2004 el gobierno federal tiene comprometidas aportaciones por 14 mil millones de pesos, la mayor parte ''a fondo perdido'', para garantizar que las autopistas concesionadas a la iniciativa privada sean un negocio rentable.

De acuerdo con informes oficiales, las aportaciones gubernamentales de este año en autopistas de cuota asignadas a inversionistas privados son 410 veces superiores al recorte de 2 mil 743 millones de pesos propuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005.

De esta forma, en franca contradicción con el discurso de bienestar social, el gobierno del presidente Vicente Fox impulsa negocios privados con recursos públicos.

Según reportes gubernamentales, ''con recursos públicos extrapresupuestarios'' se dispone de 14 mil millones de pesos depositados en el Fondo Carretero (Foncar), constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para promover inversiones privadas por 26 mil 326.5 millones de pesos destinadas en conjunto a 22 autopistas de cuota y dos puentes también de peaje.

Adicionalmente se pretende impulsar en la SCT la aplicación de un nuevo esquema de apertura a la inversión privada denominado Proyectos de Prestación de Servicios, para la modernización de cuatro tramos carreteros. Esta modalidad consiste en que inversionistas privados se encargan, por contrato, de las obras de modernización, ampliación y mantenimiento de las carreteras, mientras la dependencia se compromete a ''etiquetar'' recursos de su presupuesto al pago de anualidades por plazo determinado. Es decir, una especie de Pidiregas modificado.

Oficialmente el nuevo esquema de apertura al capital privado está definido como ''una modalidad de asociación público-privada para atraer recursos a obras de modernización y ampliación de carreteras libres de peaje. Este esquema permitirá que empresas privadas financien la modernización, conservación y operación de carreteras existentes, aportando crédito y capital y que el gobierno federal las pague gradualmente mediante pagos calculados en función de la calidad del servicio ofrecido''.

Coincidentemente, los primeros proyectos que se desarrollarán bajo este esquema se localizarán en el estado natal del presidente Vicente Fox. Corresponderán a las ampliaciones de las carreteras federales libres Pénjamo-La Piedad y

Celaya-Límite de estados Guanajuato y Querétaro, cuya licitación será publicada en el último cuarto del año.

Carencias públicas, negocios privados

El flujo de recursos para apoyar a los empresarios carreteros se mantendrá constante porque, además, se cuenta con recursos (todavía no determinados) del Fondo de Inversión en Infraestructura, también creado en Banobras para diversos proyectos carreteros, hidráulicos y sanitarios.

La propuesta gubernamental para el gasto de 2005 indica que ''en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su presupuesto para el próximo año se reduce en comparación al cierre estimado para 2004 principalmente por el efecto de las aportaciones realizadas este año por parte de esta dependencia al Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra).

''Si se excluye esto último, la disminución en su gasto sería de 11.6 por ciento en términos reales. Cabe señalar también que los menores recursos presupuestarios previstos para 2005 se compensarán con otras acciones que se han venido impulsando en los últimos años para incrementar el gasto de inversión en infraestructura carretera. Dentro de estas acciones destaca la actividad que realizan diversos fondos y fideicomisos, como el propio Finfra, donde las aportaciones públicas permiten detonar montos mayores de inversión con recursos estatales y privados''.

Esta disponibilidad contrasta con el recorte propuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 2 mil 743 millones de pesos, equivalentes a 12.1 por ciento menor al autorizado para 2004. Esta reducción afectará principalmente al sector central de esa dependencia, a la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural (oficina que se ha encargado del proceso de apertura a la inversión privada en las comunicaciones y los transportes, así como la venta de bienes y empresas a cargo de la SCT).

También representa una merma de recursos en el Organo de Control Interno de la SCT, de la Dirección General de Servicios Técnicos y provocará la desaparición de la Unidad de Programas de Cobertura Social de Comunicaciones, menor presupuesto para 26 delegaciones estatales, así como para la coordinación del sistema nacional e-México, uno de los principales proyectos de comunicación impulsados desde el inicio del actual gobierno, para impulsar el acceso de la población de menores recursos económicos a las tecnologías informáticas y reducir la denominada ''brecha digital''.