Duro golpe a la credibilidad del máximo tribunal, advierten varios ministros

Acudí convocado por Fox; ello no denota sumisión, considera Azuela

La cita con el jefe del Estado mexicano, ''para abordar el acatamiento de una sentencia de amparo''

JESUS ARANDA

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, aceptó ayer que fue convocado ''por el jefe del Estado mexicano'' para abordar el tema relativo al acatamiento de ''una sentencia de amparo'' por la Procuraduría General de la República (PGR), y sin mencionar que el asunto tratado fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ese encuentro ''no denota intromisión o sumisión de un poder a otro, sino el diálogo y la comunicación permanente'' que debe prevalecer para salvaguardar el orden constitucional.

Una vez que terminó la sesión pública de ayer en la Corte, Azuela declaró que se trataba de un asunto ''potencialmente de trascendencia nacional'', y que la presencia del presidente Vicente Fox, de Santiago Creel, secretario de Gobernación, y del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, en esa reunión (el 6 de abril pasado), se ''justifica'' por la obligación del Poder Ejecutivo federal de auxiliar al Poder Judicial de la Federación en el ejercicio expedito de sus funciones y que, por tanto, al haber tratado lo relativo al acatamiento de una sentencia de amparo no vulneró de manera alguna la autonomía e independencia de la judicatura federal.

Sin embargo trascendió que la mayoría de ministros que integran el pleno consideran que el escándalo político que envuelve al ministro Azuela representa ''un golpe muy duro a la credibilidad de la Suprema Corte'', reproche que le hicieron el pasado lunes en la sesión privada en la que abordaron el asunto y en la que quedó en claro que la postura dada a conocer ayer por la tarde fue del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, mas no del pleno de ministros, ya que éstos no han tomado parte alguna en el problema.

Es más, el magistrado Juan N. Silva Meza resumió el sentir de los ministros inconformes con la situación que vive el máximo tribunal de justicia del país, al cuestionar a Azuela el impacto que ya ha tenido el problema en la imagen y credibilidad de la Corte y del Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

Se sabe que al menos otros cinco ministros consideran que la situación es una de las más graves que ha enfrentado la actual integración de la Corte, porque los ministros han recibido comentarios críticos de parte de los propios abogados y ''miembros del foro'', quienes incluso les han reprochado que vayan a tirarse por la borda los más de nueve años que le ha tomado a la SCJN ganarse la confianza de la sociedad, porque por primera vez en mucho tiempo está en entredicho la autonomía e independencia de ministros, magistrados y jueces federales.

Respecto a la declaración de Azuela, llama la atención que cuando ésta fue emitida sus compañeros del pleno ya habían abandonado el salón de sesiones, es decir, fue una postura exclusivamente personal donde señaló que en los últimos días la sociedad civil y los medios de comunicación han exteriorizado diversas opiniones sobre el encuentro citado, en el que se tocaron temas relacionados con ''situaciones derivadas de resoluciones emitidas con anterioridad por jueces de distrito, confirmadas por tribunales colegiados de circuito, vinculadas con su exacto cumplimiento''.

Sostuvo que ese tipo de encuentros están previstos constitucional y legalmente, además de constituir una práctica habitual en los estados modernos ''que evidencian la coordinación que debe prevalecer entre los mismos para el fortalecimiento del estado de derecho". Añadió que en su calidad de presidente de la Corte ha sostenido reuniones ''no sólo con el Presidente de la República'', sino con otros personajes políticos y sociales, incluido el propio titular del gobierno capitalino.

Sin embargo, el ministro no hizo alusión alguna al encuentro que sostuvo el pasado lunes con diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), a los que confirmó que en el encuentro citado se trató específicamente el tema del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Como tampoco hizo comentarios sobre el hecho de haberle dicho a Fox que sí existía un proceso judicial por desacato a la suspensión ordenada por un juez en la construcción de la vialidad en el predio El Encino y que, por lo tanto, el Ministerio Público Federal no tenía otra alternativa que iniciar una actuación judicial contra el jefe de Gobierno, pues de lo contrario la representación social habría incurrido a su vez en desacato.

Estos comentarios, que no fueron desmentidos por Azuela, tampoco fueron compartidos por los ministros, ya que existe la certeza de que no es cierto que la Procuraduría General de la República no tuviera otra alternativa que actuar en contra de López Obrador.

Finalmente, aunque el deseo de los diez ministros que integran el pleno es que las palabras de su presidente sirvan para aminorar la tormenta, el alud de artículos, notas y caricaturas aparecidas en los últimos días, con duras críticas a Mariano Azuela y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan poco lugar para el optimismo.