| | | México D.F. Martes 14 de septiembre de 2004 |
EU: justicia para migrantes
 La
demanda colectiva ganada recientemente en una corte de Los Angeles por
representantes legales de unos 2 mil trabajadores indocumentados, la mayoría
mexicanos, que obliga a varias cadenas estadunidenses de supermercados
a indemnizar con más de 22 millones de dólares a ex empleados
de limpieza a los que, en su momento, negaron pagos de salarios mínimos
y horas extras, constituye una victoria sin precedentes para el sector
laboral más desprotegido de ambos países y del hemisferio
en general, que es precisamente el de los indocumentados.
Se trata de una buena noticia, no sólo porque por
primera vez en la historia el sistema judicial de la nación vecina
hará justicia, en esas magnitudes, a nuestros connacionales, sino
también porque, a partir de este precedente, es posible que los
patrones explotadores estadunidenses piensen dos veces antes de someter
a trabajadores indocumentados a condiciones laborales particularmente injustas
o denigrantes.
Por otra parte, el fallo histórico, logrado por
un amplio grupo de bufetes de abogados y de organismos no gubernamentales,
hace ver que para defender los derechos de quienes laboran sin permiso
de las autoridades en el país vecino es posible la construcción
de mecanismos ciudadanos más eficaces que la siempre incierta, lenta
e infructuosa asistencia consular oficial.
Ha de considerarse que otro efecto de la sentencia comentada
puede ser la conversión en un tema político y mediático
-es decir, la emergencia a la luz pública- de las aberrantes circunstancias
en las que la mayor parte de los extranjeros indocumentados en Estados
Unidos se ven obligados a emplearse. Ese también sería un
impacto positivo, toda vez que implicaría, para las autoridades
estadunidenses, una presión para regularizar a los indocumentados
y para acceder a la negociación de un acuerdo migratorio realmente
justo, equitativo y provechoso tanto para los propios migrantes como para
las economías de los países de origen y destino de los trabajadores
sin papeles.
Por último debe hacerse notar que en la batalla
recientemente ganada por los indocumentados y sus representantes legales,
los gobiernos -el de México y otros de Latinoamérica desentendidos
por igual de la suerte de sus ciudadanos- no tuvieron participación
alguna. Se corrobora que para las autoridades nacionales el interés
por los migrantes se limita a esperar que sigan enviando remesas de dinero
a fin de contrarrestar las torpezas de la conducción económica,
y que lo demás -las condiciones laborales y de vida de nuestros
connacionales en el otro lado del Río Bravo- no les preocupa mayor
cosa.
Es de suponer que los mexicanos que viven o sobreviven
"del otro lado" no olvidarán esas actitudes cuando estrenen su largamente
escamoteado derecho al voto.
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