Marco Rascón

Tregua, izquierda y legalidad

Históricamente la izquierda y los revolucionarios del mundo han luchado y defendido como principio la defensa de la legalidad. El punto de partida es que las oligarquías en el poder tienen intereses contradictorios con la misma legalidad que dicen defender y por ello terminan actuando y violando el estado de derecho, así como las leyes que justifican el orden existente. Bajo esta premisa, las luchas de los trabajadores y de los oprimidos han sido con sus partidos y vanguardias políticas e ideológicas, en sus movimientos y programas defensores de las conquistas legales y de resistencia contra las imposiciones y decisiones ilegales de los opresores: represión, guerra sucia y fraude electoral.

La revolución de 1910 nació como un movimiento en defensa de la legalidad y contra el fraude. Los movimientos sindicales y campesinos han luchado por el cumplimiendo de sus derechos sociales y políticos, contra las formas corporativas y clientelares que surgieron del régimen de la revolución. La izquierda mexicana es parte escencial del progresismo y los reclamos democráticos por la libertad de expresión, contra la censura, por la libertad de los presos políticos. A todo ello el gobierno opuso el "principio de autoridad" durante el movimiento estudiantil de 1968. La represión gubernamental a la lucha que se libraba por el cumplimiento de la Constitución creó entre sectores del estudiantado, obrero, campesino, así como entre sectores medios, la búsqueda de salidas revolucionarias frentre a la violación de la ley que llevaba a cabo el mismo gobierno. Las formas de represión ilegal como la tortura, el asesinato de opositores desde los cuerpos de seguridad del Estado y las desapariciones, viniendo de los supuestos defensores formales del Estado de derecho, generaron una espiral de violencia durante más de una década.

En su decadencia, el PRI ha desatado la violencia en defensa de los intereses oligárquicos. Sus etapas reformistas se dieron durante el cardenismo (1934-1940) y al abrazar el neoliberalismo (1982-2000). Las segundas fueron reformas contra las primeras, y así el Revolucionario Institucional pasó del autoritarismo a la abierta contrarrevolución, ya que prefirió entregar el poder a las gerencias trasnacionales, combatiendo con todo cualquier salida progresista.

Todos los revolucionarios y la izquierda son promotores permanentes de la transformación y el respeto a la legalidad, pues son las armas que sustentan el cambio y la inclusión de los derechos de las mayorías trabajadoras y oprimidas. Si bien en algunas épocas la izquierda ha vivido en la clandestinidad, esto no se debe a que se norme por principios antilegales, ya que se vio obligada a ello debido a una condición impuesta por la minoría oligárquica y opresora. La sobrevivencia y la búsqueda de organización forjaron a cielo abierto espacios y condiciones de mayor confianza para que el pueblo luche, proteste y se organice democráticamente.

Hoy la burocracia perredista, luego del zocalazo, sostiene que la legalidad descansa en la movilización mayoritaria, que ha convertido en argumento. La retórica da por sentado que la legalidad le asiste y que no requiere de defensa ni comparecencia, porque los fines justifican los medios y sólo los culpables se defienden. Según esta premisa, el PRD puede recibir dinero de corruptos para luchar contra la corrupción y se pueden realizar actos ilegales para defender la legalidad.

El discurso político se acota defendiendo a los pobres con un programa de 20 puntos de oferta para los ricos, cuyo principal mérito es no comprometerse con nadie, pues el pragmatismo que abrazan hoy los que dicen representar a la izquierda requiere no tener definiciones.

Con la falta de talento habitual, más allá de la concentración del Zócalo, se dan armas al PRI al polarizar entre PAN y PRD "salidas negociadas" y "treguas": el violador histórico del Estado de derecho, el priísmo, es ahora el defensor del Estado de derecho. Si en primera instancia la defensa legal contra el desafuero no hubiese sido despreciada, priístas y panistas estarían en un callejón sin salida en las cámaras y en la Suprema Corte de Justicia, ya que no les sería nada fácil hacer de la política un argumento jurídico para desaforar. Pero fue al revés y ahora con la movilización política el PRD en demanda de pactos y treguas contradice la legalidad.

A 24 horas de la concentración del Zócalo, una mano precisa y operativa lanzó el anuncio sobre los delitos de Santiago Creel. El cretinismo perredista gritó de júbilo y se puso la horca. Por un lado, López Obrador pidió no desaforar a Creel, no obstante las evidencias de ilegalidad, y luego la dirección perredista pidió que la llamada "tregua" sirviera para que Fox retirara la demanda de desafuero (sic).

Perspectiva: ante la intolerancia de izquierda y derecha, PRD y PAN, los dos se van expulsados con la tarjeta roja que levanta el gran árbitro: el PRI de Roberto Madrazo.

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