Señala que ningún funcionario ha sido removido por ese motivo; analiza 74 incidentes

Involucrados en desacato, desde ediles hasta el Presidente: Mariano Azuela

JESUS ARANDA

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, aseveró ayer que las sentencias de amparo deben cumplirse, y cuestionó a los que incurren en desacato, "desde la terquedad de no cumplir" hasta quienes alegan ignorancia por no saber cómo hacerlo.

Aclaró que aun cuando el incumplimiento de sentencias ocurre en casos "excepcionales", actualmente la SCJN analiza 74 incidentes de inejecución de sentencia, en los que pese a que hay sentencia "firme", ninguno de los funcionarios -desde el presidente de la República hasta alcaldes- ha sido removido de su cargo.

Por otra parte, Azuela señaló que la aplicación de juicios orales, previstos en la reforma al sistema judicial, podrá llevarse a cabo el año próximo, en caso de que el Poder Judicial federal reciba un incremento en su presupuesto.

En lo que respecta a los incidentes de inejecución de sentencia, Azuela explicó que hay casos en los que la SCJN llega al grado de llamar al funcionario involucrado 24 horas antes de que el pleno resuelva su consignación penal por desacato (lo cual no sucede cuando ocurren presuntas violaciones a suspensiones definitivas, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, donde un juez de distrito decide de manera unilateral si inicia un proceso penal y da parte directamente a la Procuraduría General de la República), porque lo fundamental es que se cumpla con la sentencia de amparo.

"En incidentes de inejecución de sentencia en realidad hemos advertido que en casos contadísimos se llega a presentar un proyecto destituyendo al funcionario público y consignándolo ante un juez de distrito, y en ese momento se le habla, se le hace una notificación si se ha presentado en el pleno de la Corte un proyecto resolutivo, y en menos de 24 horas está cumplida la sentencia."

Azuela indicó lo anterior en conferencia de prensa, en la que dio a conocer los avances de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente al Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, organizada por el máximo tribunal, con la que se espera en un plazo aproximado de cinco años lograr las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar el acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.

En lo que pareció una alusión al caso de Andrés Manuel López Obrador, quien fue consignado por la Procuraduría General de la República por haber incurrido presuntamente en violación de una suspensión definitiva, Azuela comentó que "ha habido resoluciones muy ruidosas de inejecuciones de sentencia; se ha tenido la impresión de que esto es un gran problema del Poder Judicial, pero afortunadamente no".

Flanqueado por los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, Azuela precisó que en caso de violaciones a las suspensiones no interviene la Corte, "pero en incidentes de inejecución de sentencia en realidad hemos advertido que en casos contadísimos se llega a presentar un proyecto destituyendo al funcionario público y consignándolo ante juez de distrito".

Señaló que la SCJN realiza una labor de seguimiento del cumplimiento de las sentencias y "normalmente va logrando que se cumplan sin necesidad de que esto sea noticia", porque lo que noticioso es el caso excepcional de que no se cumpla.

Eficacia en duda

Por otra parte, tras señalar que la consulta realizada a iniciativa de la Corte ha logrado en el transcurso de un año una amplia participación de especialistas, jueces, magistrados, académicos, litigantes y miembros de la sociedad civil en general, hasta sumar casi 6 mil ponencias, Azuela Güitrón comentó que la reciente iniciativa dada a conocer por el presidente Vicente Fox en materia de justicia -en la que el juicio oral juega juega un papel fundamental- constituye una propuesta "muy ambiciosa", en la que se tiene la ilusión de que se va a "abaratar" la justicia por medio de juicios abreviados.

Explicó que el Ejecutivo confía en que muchos van a optar por el juicio abreviado, lo que reducirá costos en la impartición de justicia. Sutilmente cuestionó la propuesta: "yo también formularía otra hipótesis: si son muy pocos o nadie que se va al juicio abreviado, pues entonces lógicamente el volumen de asuntos tendrá que aumentar y, por lo mismo, el costo en los tribunales también".

Recordó que el Poder Judicial Federal no es el que aprueba su presupuesto: propone un proyecto, pero es la Cámara de Diputados la que tiene la última palabra, y si los legisladores consideran que "debemos movernos con estos topes, haremos lo que esto nos permita".

Para dar una idea de lo que implicaría la aplicación de los juicios orales -en el entendido de que el juez de distrito esté presente en todas las diligencias y no como sucede actualmente en la mayoría de los casos, que son los secretarios del juzgado los que presiden las audiencias-, el ministro comentó que en Chiapas se inició con este modelo a partir de la reciente puesta en marcha del nuevo penal de ese estado. En lugar de poner un juzgado se pusieron dos, "porque al tener 50 por ciento de ingreso, el juez puede estar presente en las audiencias" y dirigirlas adecuadamente, pero implica que no está en su despacho estudiando los proyectos de acuerdos y sentencias.

Azuela admitió que la aplicación de los juicios orales signficaría para el Poder Judicial de la Federación la necesidad de mayores recursos, para crear más juzgados y tribunales, y por supuesto para cubrir las nuevas plazas de juzgadores.

Ante esa situación, Azuela comentó que una forma de reducir costos para la judicatura federal sería la realización de reformas constitucionales y legales para "racionalizar" el costo de la impartición de justicia.

Por ejemplo, tan sólo en lo que va del año juzgados y tribunales federales han dictado 55 mil 390 sentencias de amparo (de las cuales 74 están en la Corte como inejecuciones de sentencia), pero en muchos de estos casos se trata de amparos directos en contra de resoluciones de los tribunales de justicia de los estados y del Distrito Federal.

En este contexto comentó que de modificarse la ley, para que sólo en casos excepcionales la justicia federal revisara estos asuntos, el número de casos que conocen los juzgadores federales se reduciría sensiblemente.

También llamó la atención sobre la serie de recursos que se pueden interponer en un juicio antes de que se adopte una resolución definitiva, donde "aunque la Corte ha tendido a que se salvaguarde el cumplimiento de las sentencias, hay el riesgo de tener un sistema terriblemente complejo".