| | | México D.F. Martes 31 de agosto de 2004 |
Creel: delitos electorales
 La
Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de Distrito
Federal (IEDF) determinó ayer que el actual secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda, rebasó los topes de campaña cuando
contendió, en 2000, por la jefatura del gobierno capitalino con
su actual titular, Andrés Manuel López Obrador, y que cometió,
con ello, un grave delito electoral que amerita sanciones por la propia
autoridad electoral capitalina y que puede derivar en imputaciones ante
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR)
y ante un proceso en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
A pesar de los esfuerzos de los foxistas por desvirtuar
la investigación realizada por el IEDF -como la retractación
de Lino Korrodi, cerebro financiero de Amigos de Fox, quien originalmente
dio la pista sobre el exceso de gastos en la campaña de Creel-,
el organismo consiguió documentar de manera fehaciente la acusación
de que los topes de financiamiento fueron superados y que la campaña
de Creel recibió fondos procedentes de un fideicomiso.
El hecho abre una serie de procesos legales necesariamente
complicados y lentos, en el curso de los cuales el gobierno federal tendrá
la oportunidad de demostrar el apego a la legalidad que el mismo Creel
ha esgrimido en numerosas ocasiones para justificar el hostigamiento jurídico
contra su rival en las elecciones de hace cuatro años: la determinación
de la autoridad electoral capitalina ameritaría, en un marco institucional
y republicano, la apertura de una investigación contra Creel por
la Fepade, que encabeza María de los Angeles Fromow Rangel.
En otros términos, para que el pretendido acatamiento
a la ley del gobierno del "cambio" tuviera una mínima verosimilitud,
el Ejecutivo federal tendría que ejercer acción penal contra
su secretario de Gobernación.
Por desgracia, si se tienen en cuenta los antecedentes,
es poco probable que exista una real voluntad del foxismo de esclarecer
sus propias turbiedades de origen. Korrodi ha resultado ser un intocable,
pese a los abundantes indicios de que la campaña presidencial del
propio Fox contó con financiamientos ilegales e ilegítimos.
Hasta el momento, el Ejecutivo federal se ha abstenido
de proceder penalmente contra cualquiera de los diversos integrantes de
su equipo que han sido descubiertos en dispendios grandes o pequeños
-casos de Carlos Rojas Magnon y de Carlos Flores-, en mercadeo descarado
de influencias -Guido Belsasso- o en tráfico de permisos ilegales,
como un puñado de funcionarios de alto nivel del equipo de Víctor
Lichtinger cuando éste fungió como titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otros casos.
La más escandalosa de esas benevolencias para con
los propios es, sin duda, la que el actual gobierno federal ha tenido para
con el gobernador morelense, Sergio Estrada Cajigal, señalado por
sus posibles vínculos con el narcotráfico.
De cualquier forma, incluso en el remoto caso de que el
actual titular de Gobernación fuera llamado a rendir cuentas por
los excesos en sus gastos de campaña, los delitos electorales que
éste cometió, de acuerdo con la resolución del IEDF,
disuelven el fundamento de sus alegatos a favor del respeto irrestricto
de la ley y los deja en su verdadera dimensión de pretextos y argumentos
para impulsar el acoso judicial contra el actual titular del gobierno capitalino.
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