Acusan a Pedro Raúl López de obstaculizar labores del Organo de Fiscalización

Comisión del Congreso chiapaneco decide remover al ombudsman local

La CNDH solicita a legisladores proceder contra el funcionario por incurrir en desacato

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Ggutierrez, Chis., 13 de agosto. La Comisión de Justicia del Congreso local resolvió separar temporalmente de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a Pedro Raúl López Hernández, a quien se le siguen tres investigaciones, la principal de ellas por "obstaculizar" la labor del Organo Superior de Fiscalización (OSF) en la realización de una auditoría al organismo defensor de las garantías individuales en el estado.

La resolución detalla que el acusado no podrá retornar a su cargo en tanto se determina el resultado de la auditoría y de otras dos investigaciones: una, la acusación de consejeros del propio organismo contra su presidente por actuar de forma "parcial", y la otra por desacato a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante aproximadamente seis horas, los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso local analizaron las tres acusaciones que existen contra Pedro Raúl López Hernández y acordaron que el dictamen se hará público una vez que se presente al pleno del Congreso, la semana próxima.

Pero extraoficialmente se supo que la propuesta es que el presidente de la CEDH sea separado "temporalmente del cargo", debido a que incumplió con la obligación de presentar sus informes financieros y "obstaculizó la tarea fiscalizadora" del OSF cuando se le intentó practicar una auditoría.

El expediente será turnado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para su estudio y revisión.

Respecto de las otras dos investigaciones, los diputados dictaminarán también una solicitud hecha por los integrantes del consejo de la CEDH para que se investiguen las actuaciones del presidente del organismo.

A su vez la CNDH solicitó la intervención del Congreso local para proceder contra el ombudsman estatal, a quien acusó de desacato al no aceptar la recomendación 16/2004, luego del recurso de impugnación promovido por José Luis Cantoral Pérez y otros agraviados de las comunidades Laguna Chamula y San Antonio Bella Vista, del municipio de Comitán, víctimas de un desalojo policiaco en julio de 2002.