La iniciativa de ley de seguridad nacional elaborada en el Senado de la República, cuya aprobación estaba prevista para este periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, debe ser detenida. Diversas voces autorizadas de la academia y la política, así como del propio ámbito legislativo, han señalado las incoherencias de ese otro engendro legislativo -que debe agregarse a la aberrante propuesta legal que se prepara para vulnerar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a sus trabajadores- y los peligros que implicaría una aprobación apresurada de esa propuesta. Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha formulado varias advertencias sobre las colisiones que tal iniciativa generaría -si llegara a entrar en vigor en su forma actual- con otras leyes vigentes y con la propia Constitución, además de que implicaría un grave e inadmisible retroceso en materia de transparencia.

Los señalamientos contrarios a la propuesta de ley referida son abundantes y diversos, y empiezan por las carencias conceptuales de la iniciativa, en la cual faltan definiciones claras y precisas de seguridad nacional, inteligencia y seguridad pública. A partir de ahí, el documento es inservible y su aprobación abriría la puerta a violaciones a los derechos humanos, ya que daría cobertura legal al espionaje de actividades privadas; generaría contradicciones insalvables en el desempeño de las instituciones, toda vez que no considera el desempeño de la Procuraduría General de la República ni el de las secretarías de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública; permitiría la injerencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en asuntos de seguridad pública y procuración de justicia y daría pie a las autoridades para escamotear a la sociedad casi cualquier información generada por las instituciones del Ejecutivo federal, estableciendo un plazo de reserva hasta de 30 años -actualmente es de 12 años-- para documentos considerados, arbitrariamente, confidenciales y reservados.

Baste, para ilustrar los dislates de la propuesta, mencionar que ésta considera, entre las "amenazas a la seguridad nacional", los "actos de violencia contra las personas o bienes que se realicen para conseguir un objetivo político o que pretendan influir en decisiones gubernamentales". Con semejante definición, los enfrentamientos de tinte político ocurridos en días pasados en Oaxaca y Quintana Roo podrían ser considerados sendas amenazas a la seguridad nacional para justificar su traslado del ámbito de las procuradurías estatales, y aun de la General de la República, al del Cisen.

El tema de la seguridad nacional, la articulación del Cisen en el conjunto de las instituciones federales y la falta de fundamento legal de ese organismo implican, sin duda, otras tantas lagunas en la legislación vigente, y es necesario resolverlas, pero sería lamentable que, por una prisa injustificable y carente de sentido, se legislara mal y se sembrara con nuevos conflictos la vida institucional del país, de por sí crispada e incierta. Cabe esperar, en cambio, que los legisladores se comporten a la altura de su responsabilidad y abran un margen para la reflexión, el debate y el análisis sereno, a fin de redactar, con fundamentación y sin chapuzas, una iniciativa seria de ley de seguridad nacional.