La colección de fotos de la masacre del 10 de junio de 1971, conservada durante tres décadas por Paco Ignacio Taibo II, y cuya historia cuenta en estas páginas el propio escritor, es un documento necesario en estos momentos exasperantes, cuando el esclarecimiento y la procuración de justicia parecen desvanecerse en argumentos leguleyos que no sólo apuntan a garantizar la impunidad de los responsables aún vivos de ese crimen de lesa humanidad, sino que parecieran orillar a la conclusión de que tales sucesos no ocurrieron nunca.

En los días posteriores a aquella atrocidad represiva, el gobierno de Luis Echeverría buscó minimizar lo sucedido; se declaró inocente, ofreció investigar los hechos y pretendió dar carpetazo a la barbarie presentando a la opinión pública las renuncias de un par de colaboradores presidenciales que posiblemente fueron cómplices subordinados de la masacre, pero de ninguna manera podrían haber sido sus autores intelectuales principales. Como hace ver Taibo II, sólo la mano presidencial pudo haber coordinado, en aquel tiempo, las acciones de las diversas dependencias federales y capitalinas que perpetraron el operativo asesino contra los manifestantes.

De entonces a la fecha -es decir, hasta hoy, jueves 29 de julio de 2004- el Estado mexicano sigue protegiendo a los autores intelectuales y eludiendo el esclarecimiento de aquella barbarie armada y homicida contra los reclamos estudiantiles. La Procuraduría General de la República ha "perdido" el expediente, ha declarado prematuramente prescritas las acciones delictivas cometidas aquel 10 de junio, se ha declarado incompetente y, a últimas fechas, por medio de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), estructuró acusaciones poco fundamentadas y viables. Aun así, la consignación presentada al juez segundo de distrito, Julio César Flores, tenía elementos suficientes para girar órdenes de aprehensión contra los imputados. Pero, si el rechazo del juez Flores a poner en la cárcel a los represores es respaldado por otras instancias del Poder Judicial, será obligado concluir que éste sigue operando en la lógica de los años setenta del siglo pasado, cuando las autoridades tenían automáticamente la razón, los disidentes eran invariablemente culpables de lo que se les acusara y los jueces y tribunales no servían para hacer justicia, sino para proteger y perpetrar la red de complicidades del sistema político.

Los indicios de una continuidad institucional que va de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz a la de Vicente Fox Quesada no sólo se encuentran en la falta de capacidad o de voluntad gubernamental para esclarecer y sancionar los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el poder público en décadas pasadas, sino también en lo que parece ser la reanudación de la ignominiosa práctica de gobierno de acosar judicialmente a los políticos opositores, como ha venido haciendo el actual Ejecutivo federal contra el jefe del gobierno capitalino. En ese contexto, el reclamo de justicia para las víctimas de la represión oficial del 10 de junio de 1971 no se fundamenta sólo en la necesidad de limpiar el pasado, sino también en una lógica preventiva: es imperativo impedir que las tentaciones autoritarias siempre presentes en el gobierno desemboquen, en el futuro próximo, en excesos criminales como los de aquel jueves de Corpus.

Las fotos y el testimonio que se publican hoy en estas páginas nos obligan a recordar que las instituciones gubernamentales -Presidencia de la República, autoridades urbanas, cuerpos policiales, organismos de inteligencia, fuerzas armadas, procuradurías, Secretaría de Gobernación y hasta dependencias aeroportuarias- pueden, en ciertas circunstancias, dejar de ser instancias de servicio a la sociedad para convertirse en instrumentos represivos, y que tras los pulcros escritorios de ésas y otras oficinas han llegado a sentarse funcionarios asesinos.