Colonos denuncian que promotores del proyecto los convencieron con engaños

Crece rechazo popular en Hidalgo a tiradero tóxico ya autorizado

La instalación funcionará a pocos metros de manantiales; no hay peligro, aseguran impulsores

ANGELICA ENCISO L.

Aunque los promotores del proyecto del confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, Hidalgo, prometieron que se crearían fuentes de empleo para habitantes de la zona, éstos se oponen a la obra -en la que se han invertido 4 millones de dólares- porque tienen información de que los desechos pondrían en riesgo su salud y contaminarían los mantos acuíferos.

Este es un caso más de rechazo popular a la instalación de plantas de tratamiento de residuos tóxicos, lo que se ha repetido antes en otras entidades del país. Al igual que en otros casos, también se han realizado marchas, y los residentes de por lo menos 10 comunidades aledañas a Juchitlán del municipio de Chapantongo, y El Capulín, en Jilotepec, estado de México -localidad que también se vería afectada por la construcción de la planta-, han enviado cartas a los gobiernos federal y estatales para expresar su oposición.

En esas misivas rechazan el proyecto porque "afectará el subsuelo, con la consiguiente contaminación de agua, aire, tierra, medio ambiente y recursos naturales, pero sobre todo, causará daños irreversibles a los seres humanos". Además, argumentan, afectará "la convivencia, costumbres, raíces familiares y cultura en general de nuestras comunidades y las vecinas, ya que con la contaminación que se generaría tendríamos que emigrar a otras partes para seguir subsistiendo, además de que se trata de una zona ejidal, no industrial".

Pero sumado a esto, a los habitantes les molestó que se les haya informado que la construcción sería de una planta recicladora de solventes, aceites, ácidos y sólidos contaminados en sus diferentes exposiciones. No se les dijo que en las 100 hectáreas se edificaría un confinamiento de residuos peligrosos, es decir, que ahí se depositarían definitivamente los desechos, indican Ermi Rojano y Abraham Mendoza, residentes de la zona.

El gobierno, sin recursos para plantas de este tipo

Para los estudios de viabilidad del proyecto y la manifestación de impacto ambiental (MIA) la empresa ha erogado alrededor de 4 millones de dólares, estima Francisco Giner de los Ríos, subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Precisa que el gobierno no tiene recursos para este tipo de obras que requieren una inversión de entre 10 y 15 millones de dólares y tendrá una vida útil de 30 años. El anuncio de la autorización de la MIA lo publicó La Jornada el 10 de junio, y desde entonces los promotores no han logrado iniciar la obra porque los gobiernos estatal y municipal no han otorgado las licencias de construcción, agrega el funcionario.

La empresa dio a conocer el plan a los habitantes el 21 de agosto de 2003. "Nos hablaron de las bondades del proyecto. Gente de la zona decía que era bueno porque sería fuente de empleos. Los promotores nos dijeron que habrá mil empleos temporales y 240 fijos. Obviamente en una zona tan pobre, la gente aceptó", recuerda Ermi Rojano.

"En el análisis de este desarrollo encontramos violaciones a la normatividad ambiental que regula la instalación y operación de esos sitios", indica Rojano. La norma establece que estas plantas deben estar alejadas de los cuerpos de agua y al menos a 25 kilómetros de poblados con más de 10 mil habitantes. Ambos requisitos se incumplen, señalan los residentes.

A menos de la distancia señalada hay poblaciones con aproximadamente 10 mil habitantes, como Tula, que está a 22 kilómetros de distancia y tiene 8 mil residentes, pero en poco tiempo crecerá su población. En ese radio de influencia hay alrededor de 100 mil personas en pequeñas comunidades o rancherías, sostiene Mendoza.

El hecho de que haya un acuífero a menos de 500 metros del sitio elegido para el confinamiento puede controlarse con obras de ingeniería, lo cual también lo señala la normatividad, puntualiza por su parte Giner de los Ríos.

De los Ríos, responsable de la aprobación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto, asevera que la empresa no deberá derramar líquidos ni usar agua de los mantos cercanos, y que se le obligará a que recicle la que necesite.

Hay casos en Estados Unidos donde las plantas operan incluso a cinco metros de un acuífero y no se han presentado casos de contaminación, afirman los promotores del proyecto. "No ha habido ningún problema ni tiene por qué haberlo, perdámosle el miedo, me asustan los residuos peligrosos cuando no sabemos dónde los estamos poniendo en este momento", asegura De los Ríos.

Ante la presencia de un acuífero a unos metros del sitio previsto para el confinamiento, los residentes acudieron a la UNAM para que evaluara la viabilidad del proyecto. El Instituto de Geología, dependiente de la máxima casa de estudios, les respondió: "se tiene la presencia de varios aprovechamientos de agua subterránea... es probable que constituyan la única fuente de agua potable para esas comunidades, por lo que su preservación resulta muy importante".

En opinión de los especialistas se recomienda "realizar un estudio que aplique métodos directos e indirectos para definir la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea en la zona de interés y la posible afectación por la presencia del confinamiento". De acuerdo con Abraham Mendoza, hay estudios que revelan que la calidad de agua del lugar está entre los primeros rangos a escala mundial.

A ello, abunda, se suma el problema de que en esa zona transitan entre 800 y mil pipas por las refinerías y las empresas cementeras que trabajan en la región, a las que se sumará el paso de camiones con residuos peligrosos, "todo ello circulará por caminos de terracería, lo cual dificultaría el tránsito en caso de alguna emergencia".

Este confinamiento sería para atender los residuos peligrosos que generan las industrias del centro del país, desechos que son clasificados así por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables o biológico infecciosas. En México se generan al año alrededor de 14 millones de toneladas de desechos peligrosos, sobre todo de la industria, según cifras extraoficiales, y de acuerdo con la Semarnat son 3 millones, de los cuales sólo 10 por ciento recibe tratamiento adecuado y el resto termina en los patios de los propias empresas, el drenaje, tiraderos a cielo abierto o en los ríos.

Para la disposición final de estos residuos sólo existe desde mediados de los años 90 el confinamiento de Mina, Nuevo León; hay 320 instalaciones para su manejo y 105 plantas de acopio. Entidades industriales como San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato apenas tienen entre una y cuatro plantas de manejo, refieren datos de la Semarnat.

Entre los proyectos de este tipo que se han cancelado están Guadalcazar, San Luis Potosí, donde se depositaron 20 mil toneladas de residuos tóxicos sin control, lo que llevó a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo clausurara, y la presión de los habitantes evitó que se volviera a abrir.

En 1997 se promovió un sitio de disposición final de desechos en el municipio General Cepeda, Coahuila, que tampoco se concretó por el rechazo popular. El representante de la empresa Servicios Ambientales de Coahuila, era Miguel Angel de la Rosa, quien ahora también es el responsable del proyecto en Chapantongo.