Los integrantes panistas y priístas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados votaron anteayer, en forma apresurada y adelantada, en favor del dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social presentada por los segundos, con el propósito evidente de allanar los últimos obstáculos a la aprobación, en un periodo extraordinario de sesiones que podría ser convocado hoy mismo, de la modificación legal mencionada. Con el telón de fondo de una campaña propagandística dirigida desde el Ejecutivo federal y orientada a desacreditar la calidad y cobertura de los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la iniciativa referida pretende imponer un "saneamiento financiero" de la institución que pasaría por la destrucción del régimen de pensiones, su reducción de estatuto obligatorio a mecanismo sujeto a la discrecionalidad patronal y gubernamental, la inoperancia de cláusulas fundamentales del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS, el abandono presupuestal del propio instituto y el tránsito de los asalariados mejor remunerados a esquemas de seguros de salud privados.

Está fehacientemente demostrado, en los números, que la más grave carga financiera del IMSS no son las pensiones y jubilaciones de la gran mayoría, sino la corrupción, los desmesurados ingresos de sus altos funcionarios y la contratación discrecional de personal de confianza con percepciones absurdamente superiores a las del personal de base. El pretendido argumento de fortalecer las finanzas de la institución es, por ello, falaz. La iniciativa de reforma legal presentada por los priístas -y que, para asegurar su espíritu contrario a los trabajadores, fue mandada a hacer a un despacho de abogados laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex- es una declaración de guerra a los empleados de base, a los jubilados y pensionados del presente y del futuro -salvo, claro está, los funcionarios que se retiran con un cheque mensual asegurado de decenas de miles de pesos- y a los derechohabientes.

La reforma legal que se busca imponer está generando ya, como consecuencia lógica, un conflicto social de dimensiones imprevisibles, pero que pasará sin duda por movilizaciones y protestas sindicales de gran calado. Hay que esperar, también, una confrontación política que crispará de nueva cuenta la vida republicana, y que no sólo pondrá frente a frente a la alianza PAN-PRI contra el PRD y otras fuerzas, sino que ahondará las fracturas en las filas del tricolor. Este empecinamiento en destruir al IMSS y a su sindicato representa, de hecho, la enésima traición del madracismo a las bases y organizaciones del priísmo tradicional, y demuestra que la pugna entre el presidente del CEN priísta y su secretaria general no es por la defensa de principios, sino por ver cuál de las fracciones realiza mejores negocios con el foxismo.

Igualmente grave, o más, que las consecuencias ya mencionadas es la perspectiva de introducir en la legislación nacional un factor de discordancia y crisis continua, toda vez que la propuesta de reforma legal es contraria, en varios puntos, a la letra y el espíritu del artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo. En un escenario como ése, los conflictos laborales derivarían necesariamente en procesos largos y complejos que favorecerían a la parte patronal y generarían, eso sí, muchas oportunidades de negocio para despachos de abogados como los que poseen varios conocidos legisladores panistas. Los beneficiarios principales si la iniciativa llegara a imponerse serían, en todo caso, los capitales que operan empresas de salud privadas y que no están precisamente en manos de los profesionales de la medicina.

Cabe preguntarse, por último, cuál es la dimensión y la materia del pacto acordado entre panistas y priístas, que ha empujado a unos y a otros a buscar la desarticulación legal, mediante el albazo y la fast track, del Instituto Mexicano del Seguro Social.