México D.F. Miércoles 7 de julio de 2004
Se agudiza conflicto político entre Joaquín
Hendricks y el alcalde García Zalvidea
En huelga, empleados municipales de Cancún;
exigen pago de $9 millones
El edil señala que el mandatario estatal maniobra
para sacarlo de la jugada por la gubernatura de 2005
DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL
Cancun, QR, 6 de julio. A las cero horas de este
miércoles más de mil 200 trabajadores sindicalizados colocaron
las banderas de huelga en la presidencia municipal y demás oficinas
del ayuntamiento de Benito Juárez, don- de se ubica Cancún,
en deman- da del pago de 9 millones 200 mil pesos que les adeudan por retenciones
de la caja de ahorro, cuotas sindicales y seguros de vida.
Lo
anterior, a pesar de que la representante legal del ayun-tamiento, Paula
Martínez, refrendó anteayer ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje, en Chetumal, un acuerdo firmado con el sindica- to, median-
te el cual se pagarían los adeudos en seis parcialidades de un millón
500 mil pesos cada una; la primera se entregaría este martes en
el palacio municipal, pero nunca llegaron los representantes de los sindicalizados.
Por esto, el alcalde Juan Ignacio García Zalvidea
señaló que el subsecretario de Gobierno estatal, Pedro Flota,
presionó a los dirigentes sindicales con el propósito de
que desconocieran los acuerdos y exigieran que el ayuntamiento les liquidara
el adeudo en sólo dos pagos y que este martes les diera los primeros
4.5 millones de pesos.
Comentó que algunos regidores de la "nueva mayoría"
sacaron sus pertenencias de los cubículos que ocupan en el palacio
municipal, "seguramente porque ya tenían línea" del gobernador
Joaquín Hendricks Díaz.
Felipe Cohuo, secretario de Finanzas de la agrupación
sindical, informó que quedarán de guardia sólo 226
trabajadores en áreas sustanciales de la prestación de servicios,
como la recolección de basura, dotación de agua, atención
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal, el Registro
Civil y los correspondientes a los servicios funerarios.
Personal de las direcciones de Seguridad Pública,
Tránsito, Protección Civil y las demás áreas
del ayuntamiento donde labora el resto de los 5 mil 900 empleados del ayuntamiento
mostraron disposición de seguir laborando. Al cierre de esta edición
el alcalde permanecía en sus oficinas a pesar de que la bandera
rojinegra ya había sido colocada en el acceso principal del palacio
municipal.
DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL
Cancun, Q. Roo, 6 de julio. Desde el 28 de junio,
la fotografía oficial del gobernador Joaquín Hendricks Díaz,
que debería lucir en el despacho del alcalde de Benito Juárez,
Juan Ignacio García Zalvidea, está volteada. En lugar de
la imagen sólo hay un letrero que dice: "fuera de servicio".
Es apenas uno de los indicios del enfrentamiento que ambas
autoridades sostienen desde el 23 de febrero pasado, cuando la televisión
dio a conocer el video en que Jorge Emilio González, senador y líder
nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece
en un presunto intento de soborno por 2 millones de dólares con
el propósito de "ayudar" a empresarios a conseguir los permisos
para dos proyectos turísticos en Cancún.
Fue el pretexto, porque, según el alcalde, desde
mucho antes Hendricks maniobra en su contra para sacarlo de la jugada por
la gubernatura, que se renovará en febrero de 2005. Dice el alcalde
que el gobernador ha conseguido, desde distintas instancias, promoverle
cinco solicitudes de juicio político ante el Congreso local.
La última maniobra es el estrangulamiento mediante
la obstrucción del flujo de recursos, que le ha provocado deudas
a proveedores por casi 200 millones de pesos y rezagos en servicio por
más de 600 millones.
A lo anterior hay que sumar la pérdida de control
sobre los regidores del PVEM, partido que lo llevó a la alcaldía,
luego de perder la contienda interna en el PAN, donde había militado.
Al darse a conocer el escándalo del video, García
Zalvidea deslindó a su administración del supuesto tráfico
de influencia en que habría incurrido el senador y de inmediato
los seis regidores del PVEM le dieron la espalda. El 28 de abril pasado,
la "nueva mayoría" en el cabildo, formada por los seis del PVEM,
dos del PRI, uno del PRD y uno del PAN, de un total de 17 miembros, no
le aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2003.
Al mismo tiempo, el Organo Superior de Fiscalización
(OSF) le inició sendas auditorías que el alcalde, la síndico
y sólo tres regidores (dos del PVEM) califican de ilegales.
Días
después, el OSF presentó una solicitud de juicio político
ante la legislatura local y una demanda penal ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado contra el alcalde.
Según el presidente de la Gran Comisión
del Congreso, Javier Zetina, y el gobernador Hendricks Díaz, estos
procesos contra García Zalvidea son por diversas irregularidades
en el manejo de recursos públicos.
A esa demanda se acumuló la presentada por ocho
regidores de Benito Juárez y ambas se turnaron a la Comisión
de Justicia para su análisis de procedencia.
Hendricks Díaz, quien según su esposa "se
la pasa en la zona hotelera de Cancún" y no en Chetumal, capital
del estado, informó hace apenas tres días que la administración
estatal prepara los mecanismos para atender a los trabajadores de ese municipio
que desde hace varios meses enfrentan retrasos en el pago de sus salarios,
pero lo condicionó a que el edil "reconozca su incapacidad declarada".
Informó que para esto su gobierno usaría los recursos que
se tienen para atender cotingencias.
Pero dado el nivel del enfrentamiento, el edil confía
en que prosperen las gestiones para que deudores de impuestos municipales,
como Fonatur, Aeropuertos del Sureste, la Comisión Federal de Electricidad,
y hoteleros paguen al erario municipal más de mil 200 millones de
pesos que tienen pendientes.
A pesar de instalarse una mesa de negociación entre
Fonatur, Nafin y el ayuntamiento para que la primera institución
pague más de 560 millones de pesos que debe del predial "sólo
de los recientes cinco años", el director del organismo, John McCarthy,
decidió no continuar el diálogo.
Calificó de irresponsables "las declaraciones que
hizo John McCarthy, titular de Fonatur, ante medios informativos, en las
que afirmó que no va a pagar los más de 560 millones de pesos
del predial que debe al ayuntamiento, eso sin contar los traslados de dominio
que ha realizado en los recientes cinco años, hasta que no se resuelvan
los conflictos políticos".
El gobierno estatal, según el munícipe,
le retuvo en los dos meses recientes las participaciones federales y dispuso
de las mismas para un pago de 32 millones.
Además, en los últimos dos meses el IMSS
descontó al ayuntamiento 32 millones de pesos, de los que sólo
entre 4 o 5 millones, más 2 millones de pesos de un convenio, debieron
descontarse.
Administraciones municipales anteriores acumularon adeudos
con el IMSS por más de 400 millones de pesos y, según el
alcalde, "en acuerdo con el gobernador, los directivos del IMSS se cobraron
más bien a lo cochino, poco más de 16 millones de pesos de
las partidas federales que debería entregar el gobierno estatal".
García Zalvidea precisó que el gobierno
del estado lo quiere perjudicar, por lo que ya se reclamó por las
vías legales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y los juzgados federales, de los cuales obtuvo sendos recursos para preservar
sus garantías constitucionales, ya que también existe intimidación
contra él y funcionarios del ayuntamiento.
El edil anunció que pedirá en la ciudad
de México al secretario de Gobernación, Santiago Creel, "un
arbitraje porque hay un conflicto político" entre el gobierno estatal
y el municipio de Cancún.
El ex hotelero y ex diputado federal panista advirtió
que cuando el diálogo regrese con el gobernador volteará
de nuevo el retrato del titular del Ejecutivo estatal.
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