En el contexto del acoso político, mediático y jurídico contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, no parece tener mucha importancia lo que este funcionario diga, sea lo que sea, pues será de inmediato tergiversado. Ayer el gobernante capitalino insistió en señalar los intereses poco confesables de la ultraderecha, el gobierno federal y los medios informativos que convergieron en la convocatoria a la manifestación contra el secuestro y la delincuencia, pero expresó su respeto a "quienes legítimamente están exigiendo más seguridad en la ciudad y en el país" y a la "gente que llegó por su propia voluntad" al Zócalo capitalino en demanda de seguridad, justicia y fin a la impunidad. Posiblemente la crítica a los convocantes iniciales de la movilización -y a los intereses que operan detrás de ellos- venía poco al caso, habida cuenta de la magnitud y la contundencia con que fueron rebasados por una sociedad harta de la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Pero desde ayer mismo -como probablemente ocurra también hoy con muchos medios impresos- la mayoría de los canales y estaciones presentaron una imagen falaz de López Obrador descalificando la manifestación en sí y minimizando la legítima y atendible exasperación ciudadana ante el avance de la delincuencia.

Por su parte, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, expresó una deplorable y ominosa reacción ante las demandas ciudadanas de seguridad y justicia: reiteró su propuesta -formulada ya el pasado día 22- de "analizar" la supuesta pertinencia de reinstaurar en el país la pena de muerte y de "llevar este mandato ciudadano (sic) al Congreso". Es difícil imaginar una actitud más demagógica y populista que la del procurador, presto a capitalizar políticamente casi cualquier cosa. En efecto, en el curso de la marcha abundaron las mantas en las que se exigía la pena de muerte para los secuestradores, lo que no necesariamente refleja, dicho sea de paso, el sentir mayoritario de la sociedad. Pero aun suponiendo que éste lo fuera, no cualquier reclamo ciudadano debe recibir el aplauso automático de la autoridad.

En la manifestación hubo también pancartas instando a no pagar impuestos. ¿Sería pertinente, en la lógica macedista, que el secretario de Hacienda ofreciera "analizar la propuesta" y "enviarla al Congreso" a fin de abolir las contribuciones impositivas? ¿Y qué actitud cabría esperar de las autoridades federales si alguna organización "de la sociedad civil" recabara 100 mil o 500 mil firmas exigiendo que la educación básica deje de ser laica, gratuita y obligatoria? ¿Con qué cara podría México abogar por sus ciudadanos condenados a muerte en Estados Unidos si en el Congreso de la Unión se debatiera, a instancias del procurador, la implantación de la pena capital en el país?

La reacción de Macedo de la Concha no sólo contradice uno de los valores humanistas de los que México aún puede preciarse en el concierto internacional, sino que va a contrapelo de las declaraciones de su jefe, el presidente Vicente Fox, quien en este punto ha sido fiel a sus representados y ha reiterado, en numerosas ocasiones, la absoluta inconveniencia de la pena de muerte. En febrero del año pasado el mandatario criticó al PRI por realizar una encuesta sobre la instauración de la pena de muerte, y acusó a ese partido de "estar promoviendo", con el pretexto del sondeo de opinión, la pena capital. ¿No merece la declaración de Macedo una descalificación equivalente?

Desde otra perspectiva, debe reconocerse que el manejo mediático, político y propagandístico de la manifestación del domingo ha logrado en gran medida su objetivo de reducir el problema -gravísimo, sí- de la delincuencia en el país y en su capital a dos rubros centrales: los robos a mano armada y los secuestros, especialmente cuando ambos delitos culminan con el asesinato de las víctimas. Muy atrás quedan fenómenos delictivos como los atracos y violaciones en los microbuses, las periódicas masacres que ocurren en el campo y el atroz feminicidio que desde hace 11 años tiene lugar en Ciudad Juárez, sin que ello genere espectaculares coberturas "informativas" en tiempo real y completo, como la que mereció la manifestación del domingo. Las madres de las mujeres asesinadas en Juárez tuvieron que enfrentarse a los organizadores de la marcha para ocupar el sitio que les correspondía en ella, pero pasaron inadvertidas para la televisión y la radio comerciales y la mayoría de los diarios.

Ayer se cumplieron nueve años de la operación de exterminio perpetrada por el gobierno de Guerrero contra un grupo de campesinos en el vado de Aguas Blancas, con un saldo de 17 muertos y decenas de heridos. Los asesinos materiales -policías estatales- colocaron armas de fuego en las manos de los cadáveres y los fotografiaron así para convertir a las víctimas en agresores y justificar de esa forma la matanza. Hasta la fecha, los principales señalados como responsables intelectuales de esa atrocidad -el entonces gobernador Rubén Figueroa; su secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán; su procurador, Antonio Alcocer Salazar, y el ex jefe de la policía judicial del estado, Gustavo Olea Godoy- siguen libres y gozan de impunidad. Pero esa clase de delincuencia, de inseguridad y de ausencia de justicia no parece muy atractiva para incrementar los puntos de audiencia ni muy útil para hostigar al gobierno capitalino y, en consecuencia, no existe para los micrófonos y las cámaras.