El protagonismo que el gobierno federal pretende asumir en la convocatoria a la marcha "México contra la delincuencia", a realizarse el próximo domingo, organizada por diversas agrupaciones, distorsiona los propósitos de la movilización y afecta gravemente su legitimidad. Es evidente que el tema de la inseguridad es uno de los que más preocupa a la ciudadanía de la capital y de muchas otras ciudades del país, por lo que los reclamos por la falta de resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad van dirigidos lo mismo a funcionarios federales, estatales y municipales. El aventurado señalamiento del presidente Vicente Fox en el sentido de que el Distrito Federal es la entidad de "más alta criminalidad en el país" -ignorando las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reportan mayor incidencia delictiva en cinco estados por encima de la capital- dio muestra de que su gobierno ha utilizado la convocatoria ciudadana para continuar con el golpeteo a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. En este obcecado afán de confrontación, el Presidente pierde de vista que tiene responsabilidades en el tema del combate a la delincuencia y pretende pasar por partidario de la sociedad agravada por el problema, en vez de asumir sus responsabilidades ante la falta de resultados perceptibles cuando han transcurrido más de tres años de su administración. Además, esta toma de partido a favor de la marcha afecta indudablemente su espíritu.

Con las infortunadas declaraciones sobre la situación en el Distrito Federal, el mandatario levantó, de manera innecesaria, mayor polémica y se expuso a que funcionarios capitalinos lo llamaran mentiroso e irresponsable. Particularmente, el subsecretario de Gobierno, Martí Batres, le recordó que es Baja California, entidad gobernada por el Partido Acción Nacional, la que encabeza los índices de criminalidad en el país, y le espetó que "actúa de forma inmadura, irresponsable, miente de manera deliberada".

En respuesta, el jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gonzalo Altamirano Dimas, mandó a López Obrador y a sus colaboradores a "callarse la boca", con lo cual el encargado del diálogo político dejó a un lado su función como interlocutor y abonó a la confrontación. Además, en el mismo tono que el Presidente, respaldó las expresiones de la ciudadanía para obligar a las autoridades a "intensificar sus esfuerzos" en la lucha contra el crimen. Al cerrar filas con la marcha, las autoridades federales parecen pasar por alto sus responsabilidades en el tema. En este punto cabe destacar lo señalado por el priísta Mariano Palacios Alcocer, en el sentido de que el incremento de la delincuencia está ligado a otros problemas igualmente graves, como lo son el estancamiento económico y el consecuente aumento del desempleo, resultado de una conducción errática del país.

En esta distorsión de las motivaciones y los propósitos de la manifestación ciudadana que tendrá lugar en el corazón de la ciudad de México también se está perdiendo de vista que en el país privan otras expresiones de violencia, igual o más graves que las que ocurren en la capital: el secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y otras ciudades del norte del país, crímenes que los gobiernos estatales y el federal no han podido frenar ni esclarecer, debiera convocarnos con igual fuerza a exigir que las autoridades cumplan con su deber.

En el enrarecido ambiente político se entorpece la toma de las acciones y decisiones urgentes que reclama la ciudadanía para combatir la delincuencia y hacer que los gobiernos cumplan con la responsabilidad de darle garantías y restablecer la seguridad pública.