La proliferación de la industria del secuestro, delito infame y exasperante como ninguno, ha colocado en el centro de la polémica política las posibles maneras de enfrentar y erradicar las bandas dedicadas a esa modalidad delictiva. Por desgracia, en vez de generar consensos entre las instituciones, las fuerzas políticas y los organismos sociales, el tema ha dado lugar a una mayor polarización, a un enrarecimiento adicional de la vida republicana y a la distorsión ideológica, partidaria y mediática de una realidad lacerante e inadmisible. Ante la confusión, los despropósitos y los intentos por hacer del tema un arma esgrimida entre adversarios políticos, es pertinente poner en perspectiva los factores de fondo que han propiciado el surgimiento y la multiplicación de grupos organizados de plagiarios.

Debe considerarse, por principio de cuentas, que la modalidad más impactante y visible del secuestro -esa que tiene entre sus víctimas a personas acaudaladas, que pone en juego rescates cuantiosos y que suele dar a los medios el pretexto para una cobertura obsesiva, amarillista y poco escrupulosa- requiere, por parte de los delincuentes, importantes recursos humanos, económicos, logísticos y tecnológicos, así como conocimientos, capacidad de planificación, estructuras de comunicación e inteligencia, entrenamiento policial o militar y cobertura de elementos infiltrados en las corporaciones de seguridad, preventivas y judiciales, de diversos niveles de gobierno. Esa clase de plagio -que inspira y alienta a secuestradores de menor monta y ambición- no puede realizarse sin la participación activa o pasiva de agentes o ex agentes policiales, informadores ubicados en el entorno familiar, laboral o financiero del secuestrado y estructuras de seguridad y transporte. Tales operaciones, en su conjunto, requieren de una inversión significativa, de cálculos de riesgo y costo-beneficio y de un alto grado de organización. En la industria del secuestro confluyen las expresiones más extremas de la voracidad empresarial y la cultura de la ilegalidad, que propician la impunidad y la corrupción. Esta práctica sólo puede prosperar en un entorno de descontrol de los aparatos gubernamentales de seguridad y en el caldo de cultivo de la descomposición institucional.

Las delirantes peticiones de establecer la pena de muerte contra los plagiarios son, desde esta perspectiva, improcedentes. Las demandas de una mayor presencia policiaca, patrullajes constantes y medidas de vigilancia exhaustiva no atacan el fondo del problema. De poco serviría llenar las calles de gendarmes cuando algunos mandos superiores de los policías establecen con los secuestradores pactos de complicidad, encubrimiento y repartición de las ganancias. Este escenario no es, por desgracia, una mera especulación. Casi invariablemente, cuando se anuncia la captura de una banda de plagiarios, se descubre que entre éstos hay agentes del orden en activo o en retiro.

Ciertamente, en la circunstancia actual, cuando existen individuos secuestrados en poder de grupos criminales y cuando se planifican nuevos plagios, la sociedad no puede sentarse a esperar a que las instancias del poder público se armen de voluntad política para emprender una campaña moralizadora de fondo contra la corrupción y la infiltración delictiva en cuerpos policiales o entidades financieras, depositarias estas últimas de información crucial sobre el patrimonio de las víctimas. El combate al secuestro debe presentarse tanto en sus causas profundas como en sus expresiones inmediatas. Las autoridades federales y locales tienen la obligación de rescatar a los plagiados del momento, devolverlos vivos a sus familias e identificar, capturar y consignar a los captores, y para estar en condición de cumplir con esas tareas deben actuar de manera coordinada y con una plena colaboración entre los diversos niveles de gobierno. Los dimes y diretes y las acusaciones mutuas son el peor de los escenarios para hacer frente a la delincuencia organizada.

Pero si realmente se desea erradicar la práctica intolerable del secuestro, las instituciones encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos, perseguir el delito y procurar justicia deben proceder a una limpia profunda en casa y a una exhaustiva tarea de inteligencia que permita identificar las fuentes de información, abastecimiento y protección de los secuestradores.