"Es tanta su fobia que incurre en omisiones y errores", expresa el gobernante

Retuerce leyes la PGR: López Obrador

Hoy anuncia si acudirá a declarar; el área jurídica le sugiere esperar citatorio corregido

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la orden de presentación que le envió el martes la Procuraduría General de la República (PGR) reafirma que esa dependencia es utilizada para golpearlo, retorciendo las leyes con propósitos políticos. "Es tanta su fobia que hasta incurre en omisiones y errores", expresó.

Si bien dijo que hasta hoy anunciará si acude el lunes próximo ante el Ministerio Público Federal en las oficinas de la PGR adjuntas al Reclusorio Preventivo Oriente, la consejera jurídica y de servicios legales, María Estela Ríos González, le sugirió no hacerlo y esperar a que la dependencia corrija los errores en los que incurrió en el citatorio.

El jefe de Gobierno señaló que fue hasta la noche del martes que se enteró por Ríos González sobre el motivo de la averiguación previa y los delitos que se le imputan: desobediencia y resistencia de particulares y contra la administración de justicia, por el presunto desacato a un laudo laboral.

Echó por tierra también lo señalado por la PGR la misma noche del martes de que había rectificado en el citatorio e informado a López Obrador que por tratarse de un alto funcionario tenía derecho a designar la forma, lugar y fecha para que rindiera su declaración.

Ríos González advirtió: "Hay todo un manejo para hacer aparecer a la administración pública del Distrito Federal como que no quiere hacer cumplir las leyes, lo cual es falso. La instrucción del jefe de Gobierno siempre ha sido acatar las decisiones de los jueces, pero también se tiene el deber ineludible de defender los recursos públicos y tenemos que cumplir no permitiendo que se entregue dinero del erario a quien no tiene derecho".

La consejera jurídica advirtió sobre la "mucha ligereza" del Ministerio Público en esta nueva averiguación previa no sólo por demostrar ignorancia respecto al procedimiento que corresponde para una diligencia con un alto funcionario público, sino sobre todo porque tal parece que no se allegó de los elementos probatorios necesarios para determinar la probable responsabilidad del gobernante, pues "de haberlo hecho hubiera concluido que no existe en este momento ningún desacato al laudo laboral".

Aclaró que son 39 los trabajadores de la Secretaría de Finanzas los que promovieron la denuncia contra López Obrador, quienes continúan laborando dentro de la dependencia; habían sido comisionados como lecturistas con un pago adicional sobre su salario, pero esa función dejó de existir en 2000 con el cambio de medidores de agua, por lo que fueron reinstalados en sus funciones originales.

Ellos reclamaron el pago de la diferencia de salarios y su reinstalación en las funciones de lecturistas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló en su favor; sin embargo, el GDF presentó pruebas que acreditan que dichas funciones ya desaparecieron y el convenio correspondiente dejó de surtir efecto, asunto sobre el que no se ha manifestado la autoridad jurisdiccional laboral.

Por ello, advirtió Ríos González, resulta inconcebible que el Ministerio Público cite al jefe de Gobierno como probable responsable de desobediencia y resistencia de particulares y contra la administración de justicia.

Además, apenas el 30 de marzo pasado se llevó a cabo una diligencia relacionada con el incidente de liquidación que presentó el GDF al tribunal en noviembre. Los trabajadores demandan 300 mil pesos cada uno, pero la Secretaría de Finanzas determinó que el pago que les corresponde es de 50 mil pesos.

Dijo que el Ministerio Público y el tribunal actuaron con mucha rapidez respecto, por ejemplo, del caso El Encino. Sólo en la averiguación previa el primero se llevó casi tres años en allegarse de elementos para estimar la probable responsabilidad del mandatario, "y aquí con una rapidez inaudita" ya están determinándola.

"También es evidente la ignorancia del agente del Ministerio Público Miguel Angel Camacho. Por una parte se equivoca en el segundo apellido (escribe Abrador en lugar de Obrador), y por otra pretende darle tratamiento de particular cuando es un alto funcionario público. Además, el jefe del GDF está en su derecho de declarar o de señalar el lugar donde puede hacerlo, y ni siquiera se le informa de qué se le acusa, lo que lo deja en estado de indefensión".