Miguel Concha

Responsabilidad estatal y civil

Siempre he afirmado que los feminicidios en Ciudad Juárez, por su repetición, cantidad, tipo de delitos involucrados, presunta participación por acción u omisión de autoridades y falta de cumplimiento de obligaciones internacionales, son responsabilidad del Estado en su conjunto, de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a escala federal como estatal, e inclusive municipal. También desde luego de sus organismos públicos de protección de los derechos humanos. Así lo han entendido las organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, y los mismos mecanismos multilaterales de gobiernos que se han ocupado de este asunto.

Basta ver las observaciones, recomendaciones y propuestas de sus informes al respecto. Por ello es indispensable la coordinación y colaboración de todos los órganos del Estado, y el acopio de todos los recursos disponibles, para dar una respuesta de raíz a este problema. Pero como el Estado lo conformamos los ciudadanos, que exigimos el respeto, la protección y la realización de condiciones que hagan vigentes nuestros derechos, los feminicidios son también responsabilidad nuestra. Fue precisamente por ello, y de ninguna manera por complacencia con las autoridades, que desde febrero acepté formar parte del Consejo Ciudadano para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez. En mi decisión contó mucho la imparcialidad, objetividad, compromiso con los derechos humanos y calidad moral de la comisionada, la licenciada Guadalupe Morfín Otero. Luego de tres meses de complicados y difíciles trabajos; complicados por las redes de impunidad política y civil que han cubierto todos estos casos, y por la desesperanza y falta de confianza de los familiares de las víctimas en las autoridades; y difíciles porque entre otras cosas tuvo que presentar 32 distintos organigramas para poder contar con mayores recursos económicos, de personal y administrativos, y trabajar con un exiguo equipo de sólo 12 personas, la mayoría de ellas contratada por honorarios, con pagos retrasados, y teniendo que cubrir sus necesidades más elementales de trabajo con su propio peculio, el pasado jueves fue capaz de presentar su primer informe de labores.

En él encontramos por primera vez un diagnóstico completo, sintético y preciso de las causas que desde hace más de 10 años han propiciado estos crímenes: la presencia del crimen organizado, el colapso del estado de derecho, los efectos negativos de un modelo que apostó al empleo de mano de obra femenina en las maquiladoras, el flujo migratorio, la falta de controles en actividades de riesgo, el déficit de infraestructura urbana, la pobreza galopante, la violencia intrafamiliar, una cultura que no ha podido integrar nuevas formas de relación respetuosa e incluyente entre varones y mujeres en el seno familiar y en los espacios sociales, sin olvidar la vecindad con Texas, a cuyas ciudades son enviados agresores sexuales en su fase de preliberación. En él reitera su convicción de que su encomienda requiere un compromiso de Estado, "donde todos, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, locales y federales, hagan lo que les corresponde".

Expresa igualmente su preocupación por dejar a los juarenses "verdad, caminos para la justicia y para la reparación, fórmulas federales y locales para solucionar el problema de la violencia y para evitar la repetición de hechos tan lamentables". Y ofrece su coadyuvancia a los familiares de las mujeres asesinadas o desaparecidas, para "abrir juntos nuevas vías para la verdad y la justicia". En la misma ceremonial la fiscal especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Juárez, licenciada María López Urbina, dijo también en su primer informe que ya ha dado "vistas" a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, para que finque responsabilidades penales y/o administrativas a 81 funcionarios, luego del análisis de 50 casos y de la revisión de 29 averiguaciones previas. Se dice que para facilitar su actuación no se mencionan los nombres, sino únicamente los cargos: siete fiscales, 20 agentes y 10 subagentes del Ministerio Público, un subjefe de oficina de averiguaciones previas y dos jefes de oficina y procesos conciliatorios, 24 agentes de la policía judicial y 17 peritos. Se mencionó igualmente que la Procuraduría General de la República atraerá otros tres casos. Ahora sólo se espera que ambas procuradurías actúen, y haga su parte el Poder Judicial de Chihuahua, pues en muchas ocasiones se ha mostrado ajeno y no ha estado a la altura de las circunstancias. Es preciso igualmente que tanto la PGR y el Poder Judicial de la Federación sigan poniendo de su parte, como de alguna manera ya lo hace el Legislativo, pues como dice la licenciada Morfín en su informe, nuestro marco jurídico actual, limitado para este tipo de problemas, permitiría un mayor número de atracción de casos por las autoridades federales.