DESFILADERO

Jaime Avilés

Corrupción panista en Benito Juárez

Los negocios de José Espina von Roehrich
ƑPor qué no interviene López Obrador?

HOY EL TIEMPO, el mundo, la vida, cumplen 96 días desde que el "gobierno" de Vicente Fox emprendió su ofensiva final contra Andrés Manuel López Obrador, primero con los videoescándalos y más tarde, como éstos no funcionaron, con la solicitud de desafuero por el asunto de El Encino. En este lapso, al margen de la puesta en marcha del golpe de Estado contra el jefe del Gobierno del Distrito Federal y contra el pueblo de la ciudad de México, han quedado al descubierto cinco graves casos -tres de corrupción a gran escala y dos de abuso de autoridad- que involucran a autoridades panistas:

* La complicidad del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, con el narcotráfico. Pese a la demanda de juicio político interpuesta por el Congreso de aquella entidad, el mandatario continúa en su cargo protegido por Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

* La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Amigos de Fox, según la cual Fox recibió dinero de procedencia ilícita. A pesar de este fallo, la Procuraduría General de la República no ha iniciado acción penal contra ninguno de los involucrados en este delito, cuyo monto asciende a más de mil millones de pesos.

* Las documentadas denuncias periodísticas del empresario regiomontano Joaquín Romo de Vivar y Sandoval, víctima de un monstruoso despojo cometido por un particular en connivencia con los ex alcaldes del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Fernando Margáin Berlanga y Teresa García Segovia, que actualmente son, en ese orden, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y embajadora de México en Canadá, quienes ni siquiera se tomaron la molestia de decir que las acusaciones en su contra no son ciertas.

* La brutal represión contra los jóvenes en Guadalajara, ordenada por el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, justificada por el secretario de Gobernación y convalidada, con su silencio, por el Presidente de la República, para quien las torturas que sufrieron los detenidos en la procuraduría estatal no merecieron siquiera un reproche.

* La supresión de las garantías constitucionales de los habitantes del municipio de Tlalnepantla, estado de México, cuyo alcalde, Ulises Ramírez Núñez, impuso ayer el toque de queda los fines de semana a partir de las 10 de la noche.

Estos cinco episodios hablan de una realidad inocultable: en el país ha desaparecido el estado de derecho; las instituciones encargadas de impartir justicia han perdido toda razón de ser. Pero en un espectro más amplio, el vacío de autoridad generado por la creciente disminución de la figura presidencial alienta la insurrección de la ultraderecha en todos los estados donde gobiernan los panistas -léase, señaladamente, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán, ricos en ejemplos de abusos, homofobia y crímenes de odio-, un fenómeno que se amplía a las entidades de la frontera norte, como Tamaulipas y Chihuahua, pese a que éstas se encuentran en manos del PRI.

ƑA quién pueden recurrir los ciudadanos de a pie cuando las ventanillas de quejas, en todas las instancias administrativas, son dizque atendidas por los propios delincuentes? A nadie. De costa a costa y de frontera a frontera, México se está convirtiendo en una tierra sin ley. Cuando los pueblos se quedan sin instituciones que los protejan, aguantan hasta lo indecible y aún más, pero tarde o temprano revientan. Quienes los oprimen no les dejan abierta sino la vía insurreccional. Tal es el camino que está pavimentando el foxismo. Por eso, hay que repetirlo, el futuro se llama ingobernabilidad.

Jugando a la caseta

La administración de López Obrador no es del todo ajena a este proceso de descomposición acelerada. En la delegación Benito Juárez, donde también gobierna el panismo, el estado de derecho se ha reducido a una mera figura retórica y nadie interviene para esclarecer qué sucede. Examinemos el caso con detenimiento.

En octubre de 2000 llegó a la jefatura de esa demarcación un fanático religioso, adscrito, según fuentes autorizadas, a la organización secreta de ultraderecha llamada El Yunque, de la que también son adeptos Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo; Ramón Muñoz Gutiérrez, consejero de Fox, y el hombre del momento, Francisco Ramírez Acuña, promotor de una especie de limpieza étnica en Jalisco.

José Espina von Roehrich fue en Benito Juárez un delegado muy peculiar: colmó de vírgenes y santos el edificio donde despachaba y trabajó, sobre todo, por el engrandecimiento de su bolsillo. Al final de su trienio, quedó en su puesto a un sucesor incondicional, el empresario mueblero Fadlala Akabani. Pero entonces obtuvo una diputación local y se transformó en coordinador de la bancada panista en la Asamblea Legislativa, cargo que le ha permitido pronunciar sonoros discursos contra la "corrupción" de López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo con testimonios, evidencias y documentos disponibles, tiene una larga cola que le pisen. Por ejemplo, durante el último año de su gestión se dedicó a construir -y muy bien hechas, por cierto- decenas de casetas de vigilancia policiaca, a las que mandó pintar de blanco y de azul, que son los colores de su partido. No conforme con ello, trazó en los dos costados de éstas una leyenda que dice: "Benito Juárez es acción (por aquello de Acción Nacional). Gobierno cercano que te escucha", y por el frente, en la parte baja de las mismas, añadió: "Programa prevención del delito".

Estos pequeños edificios cuentan, aparte de sólidos cimientos y castillos, con un sanitario compuesto de excusado y lavamanos, su respectiva salida al drenaje, su debida caja de luz, dos apagadores y dos cables equipados para atornillar focos, así como amplios vidrios, marquetería de aluminio y muros de ladrillo con acabados impecables, todo lo cual supone el desembolso de mucho dinero por cada unidad. El problema es que, multiplicadas por toda la delegación Benito Juárez, estas maravillosas casetas carecen de agua y de energía eléctrica y, lo más raro, están vacías. ƑCuánto le costó al erario, es decir a usted, construirlas? ƑCuántas son? Y lo más importante, Ƒpor qué la policía no las usa?

La terca memoria recuerda que en el último año de su calamitoso gobierno, el entonces regente Oscar Espinosa Villarreal sembró unas curiosas bolitas doradas a lo largo de todas las arterias de la ciudad, con el único propósito de tapar los hoyos del presupuesto que había horadado su voracidad inagotable. Algo sugiere que las casetas de Espina von Roehrich cumplieron con el mismo destino: justificar el latrocinio de quien ahora sube a la tribuna legislativa como apóstol de la lucha contra la corrupción.

Akabani, hombre de paja

No hay nada como el negocio de la construcción para enriquecerse a la sombra de los cargos públicos. Al menos en dos colonias de la Benito Juárez, como Portales y Alamos, Espina otorgó licencias de edificación a granel. Sin medir el impacto ambiental, y tal vez sin haber recabado los estudios previos que exige la ley, permitió que aquí y allá, en casi todas las cuadras de esas colonias, fueran levantadas torres de viviendas multifamiliares, supuestamente de "interés social" -lo que significa recorte de impuestos-, en las que ahora se venden imaginarios departamentos "de lujo".

Si el gobierno de López Obrador coincide con la idea de que la pérdida del estado de derecho conduce al estallido social, tiene que investigar qué ha pasado con la explosiva multiplicación de condominios en Benito Juárez. Pero sus pesquisas podrían llegar más lejos, por ejemplo a la oficina de Bernardo Bátiz, procurador de la ciudad, donde hace meses duerme una denuncia penal, firmemente fundamentada en derecho, contra un empresario del espectáculo que perpetró un fraude cercano a los 40 millones de pesos en combinación, desde luego, con Espina von Roehrich.

El médico veterinario Rafael Herrerías Olea, quien desde hace más de 10 años renta la plaza de toros México en el corazón de la Benito Juárez, organizó dos temporadas taurinas, en el otoño-invierno de 2001-2002 y en el mismo lapso de 2002-2003. Para ello, tuvo que haber presentado ante la administración de Espina los contratos de todos los toreros y ganaderos que iban a participar en aquellas funciones, antes de sacar a la venta los abonos que anualmente renueva el público.

Pero la Comisión Taurina del Distrito Federal -organismo que depende de López Obrador- descubrió que Herrerías falsificó al menos 13 contratos correspondientes a los toreros españoles más atractivos para el público. Sin haber certificado la validez de esos documentos, absolutamente apócrifos, Espina autorizó a Herrerías el canje de los abonos y, al llevar a cabo esta operación en octubre de 2001 y octubre de 2002, el empresario se embolsó, de manera fraudulenta, más de 17 millones de pesos en cada oportunidad, lo que redondea una suma superior a 35 millones, bastante más grande que aquella por la que Carlos Ahumada está preso en el Reclusorio Norte.

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