Favorecer a las empresas de Ahumada, el objetivo

Tejió Flores intrincada red de corrupción en la GAM

Respondería a compromisos contraídos durante su campaña

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Para cumplir con los compromisos establecidos con Carlos Ahumada Kurtz, el jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán, tejió una intrincada red de funcionarios relacionados directamente con el empresario argentino, por medio de la cual se lograría que los recursos públicos fluyeran libremente de las arcas delegacionales a las empresas del Grupo Quart.

Así lo revelan los oficios y nombramientos extendidos por el actual titular de la demarcación desde que asumió el cargo -en octubre de 2003- y el contenido de las denuncias penales iniciadas por el área jurídica de la GAM en enero de 2004, por el fraude de 31 millones de pesos, cuyas copias de los documentos están en poder de La Jornada.

La red así diseñada empezó a operar formalmente el 16 de noviembre, cuando Flores Millán, mediante el oficio JDGAM/192/03, designó a Luis Salazar Cano como director de Recursos Financieros, y éste a su vez nombró -con el aval de Octavio Flores- a Martha Delgado Arroyo como subdirectora de Planeación, Programación y Presupuesto.

Estos últimos fueron los que echaron a andar la maquinaria burocrática para sacar un primer pago de 31 millones de pesos en favor de las empresas del Grupo Quart, sin que mediara contrato u obra alguna, pero como había la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Finanzas, incluido su titular, Gustavo Ponce, no hubo objeción alguna.

Así empezó a traducirse el apoyo que Ahumada le brindó a Flores Millán durante su campaña, pues a decir del empresario argentino, tiene documentos firmados por este funcionario donde se precisa que le otorgó poco más de 2 millones de pesos.

Esos mismos compromisos influyeron para que el delegado maderense hiciera caso omiso de las recomendaciones que le hizo la Contraloría General del Distrito Federal para que no contratara a Salazar ni Arroyo, pues estaban sujetos a investigación por diversas anomalías supuestamente cometidas en Alvaro Obregón y Tláhuac.

Informes internos de la Contraloría General y de la delegación Gustavo A. Madero revelan, además, que Octavio Flores, en el ánimo de responder a los apoyos de Ahumada, "observó una tendencia por contratar a servidores públicos provenientes de esas dos demarcaciones -donde Carlos Ahumada sentó sus reales- y los ubicó en las áreas de obras, administración y finanzas".

Ejemplos de ello son Elvia Ordóñez Marichi, Sergio Francisco Cedillo Miranda, Oscar Rafael Robles Soto y Federico Camarillo Romero, quienes en su mayoría ya han sido inhabilitados o se encuentran en proceso de sanción por la Contraloría General del DF. En este caso también el funcionario desoyó las recomendaciones previas de la Contraloría para no contratarlos.

Una de las contrataciones que hizo Octavio Flores, y que generó mucha inconformidad, fue la de Miguel Flores Mera -ex funcionario en Alvaro Obregón-, a quien designó como director de Infraestructura Urbana. El encabezaría un grupo de servidores públicos que ayudarían a triangular los contratos de desazolve y rencarpetado asfáltico en favor de las empresas de Quart. El otro grupo lo dirigiría Luis Salazar, responsable de gestionar ante la Secretaría de Finanzas los pagos de las "obras fantasmas".

Según las autoridades capitalinas, Felipe Parra Sámano fue designado coordinador de asesores y sería quien coordinaría esos dos grupos y reportaría directamente a Flores Millán. Parra -a decir de fuentes consultadas- provenía de la Fiscalía de Delitos del Pasado de la PGR "y presumía una larga amistad con Carlos Javier Vega Memije, subprocurador de esa dependencia".

Asimismo, Miguel Flores y Felipe Parra concentraron atribuciones y funciones que contravenían los manuales de administración y procedimientos, y la integración de subcomités". Así por ejemplo, el 17 de noviembre de 2003 instruye, por vía del oficio DGAM/189/2003, al director general de Servicios Urbanos, para que uno de sus subalternos, Miguel Flores, director de área, sea quien autorice "todo proceso de adjudicación y contratación en sus diversas modalidades".

A Parra Sámano, el delegado también lo autoriza a expedir la circular DGAM/CA/044/03 en la que se puntualiza que cualquier tipo de contratación deberá ser previamente sancionado por él, en su calidad de coordinador de asesores, anulando la facultad y atribución que otorga la Ley de Adquisiciones y su subcomité correspondiente, entregando a una sola persona el poder de designar a los proveedores de bienes y servicios.

Cuando el escándalo de los videos estalla, el primero de marzo empiezan las renuncias en cascada, incluida la solicitud de licencia del mismo Octavio Flores, quien posteriormente retomaría abruptamente el cargo.

Por lo pronto, las investigaciones de la PGJDF y de la Contraloría General del DF siguen su curso.