El recurso fue interpuesto por un agente judicial ante su negativa a cumplir amparo

Frena el Congreso juicio político contra el procurador Macedo

El asunto, mucho más grave que el admitido contra el jefe de Gobierno, consideran abogados

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El 19 de febrero pasado, el agente de la Policía Judicial Federal Benigno Santos Abarca presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, por negarse a acatar una sentencia de amparo que le ordena restituirlo en su puesto y pagarle salarios caídos. Sin embargo, el procedimiento hasta la fecha está parado en el órgano legislativo.

Para los abogados Marcial Pineda y José Luis Abundis resulta incomprensible cómo es que se dio entrada a la solicitud de juicio de procedencia en contra del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y el caso del funcionario federal ni siquiera se menciona, cuando se trata de un asunto mucho más grave.

Lo anterior, explicó Pineda, porque se trata no sólo del caso de su cliente (Santos Abarca), sino de no menos de 300 agentes más que fueron despedidos de manera injustificada y que han ganado a la PGR en los tribunales, lo que significa que la dependencia está obligada a la reinstalación de todos ellos y al pago de salarios caídos.

Se trata, aseguró el abogado, según conoció de fuentes de la misma dependencia federal, de un adeudo, en ese entonces, superior a los 500 millones de pesos, el cual se incrementa cada día que no se acata el amparo, por lo que la cifra debe de andar por los mil millones de pesos.

Para realizar dichos pagos, explicó, la dependencia tendría que pedir a la Secretaría de Hacienda una partida especial, de manera que la "errática" actitud de Macedo de la Concha de negarse a cumplir con el amparo sólo perjudica los intereses de la hacienda pública.

De hecho, esto lo advierten en el escrito de demanda de juicio político que entregaron el 19 de febrero en la Cámara de Diputados, como indica el procedimiento, a diferencia del que siguió el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, quien entregó el expediente de la denuncia contra López Obrador en la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, ironizó Pineda.

"Señores diputados, quiero y reclamo justicia, el Poder Judicial de la Federación no ha podido hacer que los responsables cumplan con una sentencia protectora de amparo emitida hace un año ocho meses, y las instancias a las que he acudido son controladas por el procurador general de la República, es por eso que he acudido a esta H. Cámara para que se inicie juicio político en contra de Marcial R. Macedo de la Concha y se le apliquen las sanciones administrativas correspondientes, ya que no es correcto que la institución que supuestamente cuida la legalidad en este país soslaye impunemente nuestra carta fundamental, al no cumplir con una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento es de orden público", señala Santos Abarca en el documento.

Es una incongruencia, apuntó Marcial Pineda, que en el caso de López Obrador la PGR asegura que actúa para preservar el estado de derecho y en este caso se niega a respetar un fallo de la autoridad judicial.

El agente de la ex Policía Judicial Federal -hoy Agencia Federal de Investigaciones- Benigno Santos, quien actualmente conduce un taxi en tanto la PGR lo restituye en su puesto, explicó que cuando fue despedido, hace dos años, se encontraba comisionado en el estado de Chiapas en un operativo para perseguir a un grupo armado -"no era el subcomandante Marcos", aclaró-, cuando lo llamaron para que se presentara en su domicilio, en el estado de Guerrero, porque se le practicaría una visita domiciliaria.

Marcial Pineda cuestionó también la actitud del juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León, quien concedió el amparo y posteriormente ratificó el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, pues a unos días de que se cumplan dos años del fallo, no ha sido capaz de hacer valer la ley.

Recordó que desde el principio el juez Tovilla cometió muchos errores, pues al principio había declarado sobreseído el amparo, argumentando que no se había acreditado la inconstitucionalidad del acto reclamado, pero en la revisión, el tribunal ordenó la reposición del procedimiento.

El juez respuso el procedimiento, pero sólo concedió el amparo para efectos, es decir, para que la PGR diera a su cliente la garantía de audiencia y el derecho a defenderse. Nuevamente en la revisión, el tribunal colegiado modificó la sentencia concediendo el amparo pleno ordenando la restitución de Benigno Santos en el cargo y el pago de salarios caídos.