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México D.F. Jueves 3 de junio de 2004

Insistirán en que se debe auditar a instituciones de crédito

Inician diputados nuevo examen al rescate bancario

ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados inicio de un proceso de análisis a fondo del rescate bancario, porque "representa la gran deuda del país, con un altísimo costo fiscal que disminuye recursos a la educación, la generación de empleos o al combate a la pobreza", sostuvo el presidente de ese órgano legislativo, Salvador Sánchez Vázquez.

Al comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos una notable responsabilidad con la decisión que habrá de tomar en torno a los amparos de los bancos rescatados que se niegan a ser auditados, el legislador del PRI adujo que el tema "está en focos rojos, por lo que nos hemos dado a la tarea de buscar fórmulas para bajar este altísimo costo fiscal. Me pregunto por qué no pensar en la posibilidad revisar plazos, no estoy diciendo que sea un hecho, pero, Ƒpor qué no llevar a plazos más largos, por qué no considerar las tasas? Estoy de acuerdo en que el rescate fue de ahorradores, en ese ángulo estamos de acuerdo; sin embargo, pasado el tiempo siempre es revisable".

Análisis elaborados en la Cámara de Diputados advierten que la aplicación de las auditorías de gestión, existencia y legalidad, conocidas también como auditorías light, no cumple con el mandato del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, porque éste manifiesta que en la medida en que las operaciones del Fobaproa sean auditadas se procederá de la siguiente manera: en caso de que las revisiones reporten irregularidades se devolverán los créditos y los responsables asumirán los costo legal y económico.

El 24 de mayo de 2002, la Junta de Gobierno del IPAB decidió comunicar a los 4 bancos que fueron beneficiarios de los programas de capitalización y compra de cartera: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, que conforme a la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en cumplimiento del artículo quinto transitorio se realizarían las auditorías respectivas.

No obstante, una vez que los bancos recibieron la noticia de que el IPAB pretendía llevar a cabo las auditorías ordenadas por el artículo quinto transitorio de su ordenamiento jurídico, interpusieron un amparo esgrimiendo las siguientes razones:

Las auditorías señaladas en la Ley del IPAB se aplicaron con el trabajo de Michael Mackey; la invalidez jurídica del IPAB; cuestionaron el alcance de los estatutos y funciones del instituto, y se apegaron a la validez del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley IPAB, en el que se concede la facultad de fiscalización a la Secretaría de la Función Pública y a la ASF sobre las acciones del IPAB.

Sobre el particular, la diputada del PRD Minerva Hernández Ramos señaló una de las opciones del Congreso para argumentar en favor de las auditorías manifiestas en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

"Insistir que el trabajo de Mackey no es una auditoría. Se debe buscar la manera en que se pueda conseguir un pronunciamiento en este sentido por parte del Congreso. Esto implicaría que se lleven a cabo las auditorías ordenadas por el quinto transitorio. Se empezará de cero, pero esto implícitamente descalifica los llamados bank reports y las operaciones reportables".

Por su parte, el analista financiero de la Cámara de Diputados, Mario di Costanzo, consideró que en un segundo caso, el trabajo de Michael Mackey se acepta como auditoría, pero es incompleta, ya que es necesario que se asuman y cumplan las observaciones contenidas en todo el reporte, incluidos los bank reports, así como las observaciones que se han hecho por del ex contralor del IPAB y por la ASF. Sólo hasta ese momento se daría por concluida la auditoría.

"Es obligatorio buscar la manera en que se pueda conseguir un pronunciamiento en este sentido por parte del Congreso. Esto nos conduciría a que el IPAB considere las conclusiones de los bank reports y se lleven a cabo los descuentos a los pagarés, debido a las operaciones irregulares. Los bancos no tendrían elementos para ampararse y usaríamos su propio argumento de que ya se llevaron a cabo las auditorías y sólo habría que concluirlas".

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