La orden de aprehensión obsequiada ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) por el juez sexto de distrito, Alejandro Caballero, en contra del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Francisco Suárez Warden, por presuntas irregularidades financieras, habría podido ser visto en principio como un acto de salud republicana, expresión de un empeño contra la corrupción y muestra de procuración no facciosa de la justicia de la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha.

Sin embargo, en la medida en que Santiago Creel, jefe del inculpado, saltó de inmediato en defensa de su subordinado y descalificó la acusación de la PGR como un "error injustificado", el asunto se convirtió en una nueva evidencia del descontrol, la descoordinación y las pugnas internas en el equipo del presidente Vicente Fox, quien queda colocado por uno de sus colaboradores -Macedo de la Concha o Creel Miranda- en la incómoda posición de descalificar a uno o a otro.

Sería poco responsable, en este momento, especular sobre cuál de las dos dependencias tiene la razón. Pero el nuevo encontronazo en el gabinete foxista tiene implicaciones muy graves para una de ellas y, por extensión, para el conjunto del grupo gobernante. Si, como dice Creel, la PGR cometió un error, se trataría de un yerro mayúsculo y de una aterradora manifestación de ineptitud de la dependencia encargada de la procuración de justicia en el ámbito federal: si la PGR de Macedo de la Concha es capaz de lograr, injustificadamente, la orden de aprehensión del oficial mayor de Gobernación, cabe imaginar el número y la gravedad de las arbitrariedades contra ciudadanos comunes y anónimos. Si la procuraduría actúa de esa forma hacia dependencias de su propio bando, por decirlo de alguna manera, es inevitable sospechar las argucias y la mala fe empeñadas en otras circunstancias, por ejemplo en el hostigamiento en curso contra el gobierno capitalino.

No puede descartarse, sin embargo, que la imputación contra Suárez Warden esté justificada. Si fuera el caso, resultaría obligado concluir que el secretario de Gobernación realizó un inaceptable ejercicio de encubrimiento en favor de su subordinado.

En cualquiera de los dos escenarios, el episodio dejará una nueva y profunda abolladura en la de por sí maltrecha credibilidad de las instituciones federales. No puede pasar inadvertido, por cierto, que las dos oficinas involucradas en este zipizape son, precisamente, las puntas de lanza del foxismo en su ofensiva contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y que, según los indicios disponibles, es en ellas donde se ubicarían los todavía anónimos funcionarios que negociaron con Carlos Ahumada y que tramaron el complot con la difusión programada de sus videos.

Cuando le faltan más de dos años y medio para terminar su mandato, el actual titular del Ejecutivo federal tiene ante sí y en su primer círculo una indeseable y peligrosa multiplicación de confrontaciones, golpeteos y guerras sucias que prefiguran una sucesión en un alarmante escenario de ingobernabilidad. Por su propio bien, y por el del país, el presidente Fox haría bien en poner alto a los pleitos entre sus colaboradores y a los hostigamientos desde el gabinete contra protagonistas políticos no panistas.