Fue excluido de acceder a información bancaria

Busca el GDF convenio con dependencia federal

Coadyuvar en casos de enriquecimiento ilícito, el objetivo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Las reformas a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos aprobadas recientemente por la Cámara de Diputados excluyeron al Distrito Federal de la posibilidad de acceder a información de las cuentas bancarias de los servidores públicos sujetos a investigación por enriquecimiento ilícito, informó la contralora general del gobierno capitalino, Bertha Luján.

Por ello se insistirá con la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal en la firma de un convenio para que dicha dependencia coadyuve en las investigaciones que realice la Contraloría capitalina.

De hecho, explicó, el convenio se trabajó desde antes de las modificaciones a la citada ley con el ex titular de la Contraloría General de la Federación, Francisco Barrio, por medio de comisiones que trabajaron durante varios meses, pero al llegar Eduardo Romero Ramos a lo que hoy es la SFP, dicho convenio se truncó.

"No nos han resuelto, pero estaríamos esperando que se diera esa colaboración, que es fundamental para tener un control y una supervisión eficiente sobre lo que es el patrimonio de los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que estén, obviamente, sujetos a investigación", apuntó.

Luján explicó que a partir de los recientes casos de corrupción detectados en algunas delegaciones políticas con empresas del Grupo Quart, de Carlos Ahumada, la dependencia elaboró una serie de propuestas que hizo llegar a la Asamblea Legislativa y a la Cámara de Diputados, a efecto de ampliar sus facultades y poder prevenir que se repitan situaciones como la de la delegación Gustavo A. Madero y "no actuar post mortem, después de que ya tenemos los muertitos".

Refirió que en el periodo ordinario de sesiones de la ALDF que recién concluyó se dieron algunos avances importantes al avanzar la figura de la contraloría ciudadana, al institucionalizar o formalizar la presencia de contralores ciudadanos en los órganos de gobierno, organismos descentralizados y en los subcomités de adquisiciones y obras.

Asimismo, comenzaron a definirse propuestas para la ley de adquisiciones en materia de obra pública para simplificar los procedimientos y controles en los procesos de licitación, en los procesos de obra y en los cierres administrativos.

La contralora informó, por otra parte, que en el marco de las auditorías iniciadas luego de los fraudes detectados en Gustavo A. Madero, se concluyó la etapa correspondiente a la revisión de pagos pendientes de obra pública en las 16 delegaciones políticas del periodo 2003.

Sólo se detectaron casos de "obra pagada no ejecutada" en 5 por ciento de las revisiones, lo que, aseguró, no es significativo en términos globales.

"Distintos pagos tuvieron que ser suspendidos porque, efectivamente, se constató que no correspondían al proceso de la obra y seguramente tendrán que pasar al área de responsabilidades, no al ámbito penal, porque son cuestiones fundamentalmente administrativas", explicó.

Dichas anomalías se registraron en cinco delegaciones políticas, algunas con tres casos y otras con uno, señaló, sin dar mayores detalles al respecto.

Dijo que si bien no ha concluido la auditoría general en la Contraloría, pues si bien ya se cerraron algunos casos, se abrieron otros, por lo que la investigación sigue en proceso, esto, para determinar si el ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, habría sustraído dinero del erario para sus operaciones financieras detectadas en casas de cambio y en el casino del hotel Bellagio, en Las Vegas.

Reiteró que debido a los controles que hay dentro de la misma dependencia para liberar recursos fiscales, prácticamente sería necesaria toda una confluencia de funcionarios y particulares para haber hecho sustracciones. Indicó que eso fue lo que permitió detectar el fraude por 31 millones de pesos en Gustavo A. Madero.