El regreso a México de Carlos Ahumada Kurtz, logrado no por medio de un juicio de extradición sino por la decisión del gobierno cubano de deportarlo, dio un nuevo margen a la Procuraduría General de la República (PGR) para agregar turbiedad al caso de los videoescándalos, consolidar las sospechas sobre su participación furtiva en el asunto y ahondar la confrontación entre las autoridades federales y las capitalinas. Con imprecisiones, mentiras, pasos en falso y desfiguros diversos, tanto la PGR como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrecieron, por lo demás, indicios del nerviosismo, la incomodidad y el azoro del gobierno federal por la inesperada presencia en el país del empresario corruptor.

Por principio de cuentas, en cuanto La Habana anunció la deportación, la PGR se apresuró, en su boletín 415/04, a atribuirse un crédito que no le corresponde. En el documento la institución asevera que "como resultado de sus gestiones en el ámbito de la cooperación internacional, este día Interpol-La Habana confirmó a las autoridades mexicanas la resolución adoptada por las autoridades de la República de Cuba en el sentido de deportar al nacional mexicano Carlos Agustín Ahumada Kurtz". Pero el gobierno de la isla detalló, en su propio comunicado, las fallas e inconsistencias de las gestiones mexicanas y dejó muy en claro que la deportación del empresario fue una decisión unilateral y ajena a tales gestiones.

El documento cubano mencionó un dato revelador: Ahumada "ha declarado que la operación realizada con empleo de los videos sobre corrupción difundidos en México fue calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación" y, con base en esa confesión, La Habana concluyó que "los hechos relacionados con el señor Ahumada Kurtz (...) tienen una incuestionable connotación política y afectan de un modo u otro tanto a funcionarios y autoridades del gobierno como a otras personalidades políticas del país". Esos asertos desencadenaron en la cancillería de nuestro país una furia manifiesta en el boletín que, a su vez, emitió la SRE: acusó a La Habana de formular "inadmisibles" juicios de valor de competencia exclusiva "de la justicia mexicana" y sugirió una supuesta intromisión cubana en los asuntos internos de México.

Cuando el empresario de origen argentino fue entregado por agentes cubanos a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a las cuatro de la tarde con 45 minutos, en el aeropuerto capitalino, dio inicio un vergonzoso desaseo en los procedimientos: se recluyó a Ahumada en el hangar de la PGR y se negó el acceso al edificio y al detenido a los funcionarios y médicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) quienes, encabezados por el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz Vázquez, se presentaron en el lugar. El deportado habría tenido que ser puesto inmediatamente a disposición de la Policía Judicial de la ciudad, la que por ley tenía que presentarlo ante el juez 11, con sede en el Reclusorio Norte. A la vista de cámaras e informadores, los elementos de la PGR se negaron, durante casi cinco horas, a entregar al detenido a la instancia correspondiente.

A la vista de los dudosos enjuagues de la procuraduría federal y del Cisen en el caso de los videoescándalos desatados por las grabaciones de Ahumada Kurtz, la retención -sin ningún fundamento legal- del empresario en el hangar de la PGR sólo induce a pensar en un intento de proteger al acusado de la acción de la justicia o en la creación de un lapso para una negociación inconfesable entre Ahumada y funcionarios del gobierno federal. El relato de los malestares y del conato de infarto del empresario deportado es por demás insostenible, como también el ensayo de explicación aportado por el subprocurador Gilberto Higuera Bernal sobre la supuesta "revisión médica" y las entrevistas de duración inverosímil con presuntos funcionarios "del área de derechos humanos" de la PGR.

Es posible que la opinión pública no llegue a enterarse de lo que realmente ocurrió en esas casi cinco horas en el hangar de la procuraduría federal, pero es un hecho que tan arbitraria retención del empresario, así como la prohibición al procurador capitalino de ingresar al recinto y observar al detenido, dejan una nueva y grave sospecha sobre las verdaderas intenciones del equipo de Macedo de la Concha en el escándalo y las confrontaciones todavía en curso.

Lejos de despejar esa duda, las mentiras de Higuera Bernal la ahondan. Cuando a la PGR no le quedó más remedio que entregar a Ahumada Kurtz a la Policía Judicial capitalina, el subprocurador federal aseguró que "en todo momento" se contó con la presencia de personal de la PGJDF, habló de la "colaboración" entre ambas dependencias y aseguró que "nuestra actuación es sólo de auxilio". En contraste con esas afirmaciones, el conjunto de la prensa nacional pudo atestiguar cómo agentes federales con rifles de alto poder le cerraron el paso al procurador Bátiz cuando éste pretendió acercarse al área donde se encontraba el detenido.

Cabe esperar, por último, que en las diligencias judiciales próximas el empresario corruptor revele, con todos los detalles y toda la extensión, la trama detrás de los videoescándalos; sería deseable que revelara, también, qué clase de examen médico le practicó la PGR, qué amenazas o propuestas escuchó en el hangar de esa dependencia y qué preguntas le fueron formuladas mientras estuvo, ilegalmente, en poder de los agentes federales.