Asegura que la Constitución de 1857 era más avanzada que la de 1917

Refuta Concha opinión de experto acerca de la iniciativa sobre derechos humanos

ANGELICA ENCISO L.

Desde el punto de vista del derecho internacional, los derechos humanos son reconocidos y garantizados por el Estado y no se trata de prerrogativas que éste debe conceder, sostuvo Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Ante las declaraciones del constitucionalista Elisur Arteaga respecto a que la iniciativa presidencial sobre la materia rompería la tradición de 147 años de constituciones mexicanas, las cuales están fundamentadas en un Estado laico, Concha Malo precisó que inclusive la Constitución de 1857 era más avanzada que la de 1917, pues ya hablaba de derechos humanos.

En la cátedra sobre Derechos Políticos y Reforma del Estado, organizada por el centro Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que desde el punto de vista de la historia de los derechos humanos, éstos son reivindicaciones de las personas y de los pueblos frente al Estado, pero visto desde el derecho internacional no se trata de prerrogativas que concede el Estado, sino que son cualidades que éste reconoce y garantiza.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puntualizó en un comunicado que la iniciativa de reforma constitucional esta materia se debe perfeccionar con la inclusión del principio de presunción de inocencia, el establecimiento del derecho de audiencia a personas extranjeras en situación de expulsión y la creación de un órgano distinto al Ministerio Público que investigue casos en los que servidores de procuración de justicia puedan ser responsables de delitos.

En la cátedra, Mireya del Pino, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que ahora que se elabora el programa nacional de derechos humanos "no se puede hablar de una real vigencia de los derechos fundamentales, cuando los datos más conservadores sobre la pobreza revelan que más de 50 por ciento de la población vive en esa condición".

Agregó que, hoy más que nunca, es preciso insistir en una reforma de Estado que se base en una reorganización estructural, enfocada al cumplimiento de las obligaciones de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, como fundamento de legitimidad del poder estatal.

Silvia Alonso, secretaria ejecutiva de Alianza Cívica, opinó que la reforma del Estado debe incluir una ley de partidos políticos que establezca mecanismos de democracia interna, los cuales den transparencia y favorezcan la rendición de cuentas; también se debe profesionalizar a los cuadros y militantes; regular los bienes adquiridos por parte de los institutos políticos, y que haya más controles de fiscalización.

Además, precisó, el Instituto Federal Electoral debe ser el único órgano facultado para contratar tiempo en los medios de comunicación y el encargado de distribuirlo equitativamente entre los distintos partidos.

A su vez, Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, dijo que la información aún se ve como una mercancía, no como un derecho humano, y en el país dos familias controlan la televisión, lo cual no ayuda a fortalecer la democracia.