Según un amplio análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador perteneciente a la Cámara de Diputados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública sana y financieramente viable que se encuentra plenamente capacitada para efectuar las importantes inversiones relativas a la ampliación y dinamización de su infraestructura, así como al incremento de su capacidad de generación y distribución de energía eléctrica.

El contenido de ese informe refuta de manera tajante los alegatos que, tanto durante la administración de Ernesto Zedillo como en la actual de Vicente Fox, han pretendido presentar ante la sociedad una CFE ineficaz en lo financiero, incapacitada para asumir por sí misma sus necesidades de inversión y en virtual desamparo por un Estado supuestamente imposibilitado para cubrir con recursos públicos su necesario crecimiento.

Tal discurso, evidentemente falaz, al menos en lo relativo a la CFE, tiene como motivación principal operar como fundamento de la apertura del sector eléctrico del país al capital trasnacional -lo que ya ha comenzado a tener lugar mediante las figuras de cogeneradores y productores independientes- y, a la larga, legitimar la entrega total de este crucial ámbito del patrimonio nacional al extranjero.

En este contexto, exhibir una CFE inoperante y gravosa sería el primer paso para forzar su privatización o, al menos, para abandonarla en una situación de deterioro y obsolescencia tan grave que las empresas trasnacionales no ten-drían problemas para desplazarla por completo del mercado.

Empero, lo que la ASF ha revelado en su análisis es, ni más ni menos, lo contrario a lo que se ha querido hacer creer al país en los últimos sexenios: la CFE podría, de dotársele de un marco jurídico propicio, afrontar su necesario crecimiento y modernización con sus propias capacidades, ya sea mediante la reinversión de sus utilidades o mediante la suscripción de créditos. En cualquiera de los casos, la salud financiera de la CFE le permitiría afrontar tales obligaciones sin riesgos, sin ser un lastre para las finanzas públicas y con grandes expectativas de desarrollo en beneficio del progreso general del país.

Sin embargo, los mayores intentos de socavar la imagen de la CFE y los principales frenos a los proyectos legales para modernizarla dentro del marco del patrimonio de la nación han provenido del propio gobierno federal y de las fuerzas políticas afines al modelo neoliberal.

¿Por qué, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda no permite a la CFE reinvertir sus propios recursos con el objetivo de convertirse en una empresa pública plenamente competitiva y comprometida con las necesidades energéticas nacionales? ¿Por qué, en lo general, los proyectos oficiales de reformas legales en esta materia se han concentrado en la idea de un mercado energético abierto al capital privado y extranjero y han pretendido aislar a la CFE? ¿Por qué, como pasa también en el caso de Pemex, se mantiene a las empresas energéticas nacionales atadas de manos mientras se exprimen sus utilidades para financiar el gasto gubernamental, el cual, por añadidura, resulta con frecuencia derrochador, excesivo en partidas suntuarias, desapegado de las necesidades sociales y hasta festín de bancos rescatados y luego vendidos a corporaciones extranjeras?

Así las cosas, el informe elaborado por la ASF debe servir de base para que los legisladores, los partidos políticos y el propio gobierno federal emprendan las necesarias reformas legales del sector eléctrico nacional con base en datos objetivos y análisis reales, no mediante afirmaciones sesgadas o con terceras intenciones. Cierto, el país requiere actualizar su marco regulatorio para permitir la modernización y el crecimiento de las empresas públicas del sector eléctrico, pero tal modificación normativa no debe atentar contra el patrimonio de todos los mexicanos ni fundarse en afirmaciones malintencionadas o inspiradas en el dogmatismo neoliberal.

La CFE tiene plena capacidad para desarrollarse y mantenerse como la entidad rectora y operadora del sector eléctrico de México. Así lo confirman las auditorías realizadas a su gestión por el Poder Legislativo. Por ende, la participación de capitales privados -locales o extranjeros- en la industria eléctrica nacional no sólo resulta una medida de dudosa legalidad y evidentes riesgos para la soberanía del país: también es, a juzgar por el diagnóstico de la ASF, por completo innecesaria.