Lamentan declaraciones en torno al Esmeralda

Señora directora: Reciba usted nuestros saludos respetuosos y hágalos extensivos a todos los jornaleros. De igual forma, le solicitamos de la manera más atenta tenga a bien publicar esta carta en su prestigiado medio.

Con desazón, tristeza y profundo malestar hemos leído la nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada en la página 13 de este miércoles, respecto del buque de la armada chilena Esmeralda, que entró a un puerto mexicano. Nuestro malestar tiene relación con las palabras del vicealmirante del Estado Mayor de la Armada de México, Alberto Castro Rosas, y senador perredista Antonio Soto Sánchez, ambos explicando lo inexplicable o tratando de hacerlo, puesto que la verdad histórica o real es diametralmente diferente.

Como ciudadanos y latinoamericanos nos sentimos estafados por quienes aseguran algo sin ningún sustento, ni jurídico ni mucho menos ético.

¿Cómo es posible que quien se supone representante popular, tenga la desfachatez, la insensibilidad y la insolencia de hablar de rumores respecto de las barbaries que se consumaron en la tristemente llamada Esmeralda?

Sólo para refrescar la memoria de algunos nos remontaremos, no a 1973, si no a 1991, cuando la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en Chile o Comisión Rettig llegó, entre otras conclusiones, a que en diferentes recintos del ejército, la aviación, la policía y la marina se había torturado, asesinado, desaparecido y lanzado al mar a cientos de personas, y para ello se utilizó el ''patrimonio del país''. Por otro lado, existen diversas denuncias y testimonios en los distintos organismos de derechos humanos en el mundo, como Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, etcétera.

Por tanto, sugerimos al señor senador y al señor vicealmirante que se arrimen a los libros y a la historia de los pueblos antes de que emitan alguna opinión de cualquier tipo. Más aún de estos temas, que son de tanta sensibilidad. De esta manera tendrán algún sentido sus palabras, puesto que lo único que hacen es prestarse a ser transmisores livianos de las versiones oficiales de los Pinochet, los Frei y los Lagos.

¡No señor vicealmirante! ¡No señor senador!, no son problemas de reciprocidad ni de protocolo, ni mucho menos de ponerle bombas a nada. Nos basta en el planeta con Bush y Al Qaeda y demás terroristas.

La situación de Chile y de América es un problema de sanidad y salubridad social. Es una intención hacia la verdad, de justicia; es, quizá, la única vía para lograr desde ahí pensar en la reconciliación, en la paz y, obviamente, en la alegría.

Miguel Montecino, Arnaldo Rodríguez, ex presos políticos de la dictadura chilena
 

Ofrece Xochimilco reforzar vigilancia

Señora directora: En relación con la carta publicada ayer en El Correo Ilustrado de La Jornada, firmada por la ciudadana Miriam Zepeda Flores, es importante informarle que la delegación Xochimilco no organizó el baile del grupo Intocable, que efectivamente se realizó en la clausura de la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido, la cual sí organiza la delegación Xochimilco y que fue todo un éxito, con saldo blanco y mucho orden.

Respecto al referido baile, la delegación proporciona el permiso para la realización del concierto con carácter de revocable. Los organizadores deben de cumplir ciertos requisitos, como son la seguridad privada para revisar a todas las personas que ingresan al área asignada -que fueron más de dos canchas de fútbol-, salidas de emergencias, baños portátiles y señalización.

La delegación apoyó con elementos de Protección Civil y un operativo montado por el coordinador de Seguridad Pública de la demarcación con policías auxiliares.

En relación con el incidente de la persona con un arma, la delegación ha determinado que se endurecerán los requisitos, las medidas y los operativos para evitar este tipo de incidentes.

Licenciada Donajlolivera Reyes, coordinadora de Comunicación Social en la Delegación Xochimilco

Precisiones de Nafin

Señora directora: Sobre la nota publicada ayer, relativa a información de ingenios expropiados presuntamente ocultada por Nacional Financiera, me permito puntualizar lo siguiente:

La empresa Promotora Azucarera (Poasa), con la que presuntamente se incurrió en una coalición para ''impedir la actuación de la Auditoría Superior de la Federación", se constituyó conforme al artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Si bien Nafinsa participa en su capital, los elementos básicos objeto de fiscalización constituyen información a cargo de la propia empresa, por lo que no es facultad de nuestra institución proporcionarla.

En cuanto al Fideicomiso Comercializador (Fico), éste fue constituido por la propia Proasa, por lo que se trata de un mecanismo privado sobre el cual es aplicable el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece el secreto fiduciario por el que se nos impide otorgar información sobre el mismo.

Hacer lo contrario implicaría incurrir en ilegalidades, lo que en ningún momento ha hecho ni hará Nacional Financiera, institución que ha actuado siempre en estricto apego a derecho.

Le reitero que Nacional Financiera mantendrá su apoyo y cumplimiento a las disposiciones legales, además de seguir dando respuesta puntual y oportuna a toda solicitud de información que reciba. Todo ello dentro del marco legal y salvaguardando los derechos de las personas e instituciones involucradas.

En Nacional Financiera hemos impulsado reformas que fortalecen nuestra actividad institucional en un estricto apego a la legalidad. Además, nuestro consejo directivo, que está formado por representantes de la sociedad, tiene muy clara su responsabilidad.

Agradezco la oportunidad que me da de dirigirme a usted y a sus distinguidos lectores, y me pongo a sus órdenes para proporcionar o ampliar cualquier dato que juzgue conveniente.

Alejandro Rodríguez Cortés, director de comunicación social

Respuesta de los reporteros

Señora directora: La carta del señor Alejandro Rodríguez confirma en su totalidad la información publicada ayer. Efectivamente, Nacional Financiera ocultó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como se advierte en la revisión de la Cuenta Pública de 2002, que se encuentra en la Cámara de Diputados. También se confirma que Nacional Financiera antepone el secreto fiduciario al interés de la ciudadanía por conocer el destino de los recursos públicos. En todo caso, la aclaración suscrita por el vocero de esa institución debería turnarla a Arturo González de Aragón, titular de la ASF.

Roberto Garduño y Enrique Méndez, reporteros 
 
 

El Correo Ilustrado