La aprehensión, antenoche en esta capital, del ex director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, a quien innumerables voces señalan como responsable de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos políticos, y quien ayer rindió declaración preparatoria en un juzgado penal de Monterrey, Nuevo León, como presunto responsable del secuestro de Jesús Piedra Ibarra, es un hecho que debe saludarse porque constituye la primera acción concreta de la justicia civil para esclarecer los crímenes perpetrados por el poder público durante la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo contra orga- nizaciones guerrilleras, grupos políticos, opositores individuales, sindicalistas y luchadores sociales en general. La consignación del ex policía es, asimismo, el primer resultado concreto del trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que dirige Ignacio Carrillo Prieto, y permite reavivar las expectativas en torno a una labor de esclarecimiento e impartición de justicia que hasta anteayer parecía condenada a un fracaso total.

No debe soslayarse, sin embargo, la precariedad y fragilidad de este primer logro en el ejercicio de la justicia histórica. Nazar Haro fue capturado y está sometido a proceso por uno solo de los múltiples delitos que se le imputan -el secuestro de Jesús Piedra Ibarra, perpetrado en Monterrey en los años 70, durante la presidencia de Luis Echeverría Alvarez-, y es sólo uno de los muchos responsables aún vivos de la brutalidad represiva que se abatió sobre la sociedad mexicana en las décadas de los 60, 70 y 80. En tales circunstancias, existe el peligro real de que el propio Nazar, sus superiores y sus cómplices logren preservar la impunidad de que han gozado y que el grueso de los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el poder público en aquellas épocas queden para siempre sin castigo.

Como ejemplo de este peligro, cabe señalar que la exasperante lentitud de las pesquisas y los procesos ministeriales hizo posible que dos de los presuntos responsables más prominentes de la atrocidad represiva -Alfonso Martínez Domínguez, ex regente del Distrito Federal en tiempos de la matanza del 10 de junio de 1971, y José López Portillo, presidente de la República durante el último periodo de la guerra sucia (1976-1982)- murieran sin ser sometidos al proceso legal que habría permitido determinar sus respectivas responsabilidades o su inocencia. El segundo, de hecho, ni siquiera fue llamado a declarar para que dijera ante una autoridad judicial lo que sabía acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas en su sexenio y en el anterior, y con ello se redujeron significativamente las probabilidades de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.

En esta circunstancia, es evidente la urgencia de lograr la captura del prófugo Luis de la Barreda Moreno, también ex director de la DFS, sobre quien pesa una orden de aprehensión análoga a la que llevó a Nazar Haro al penal de Topochico; es necesario, asimismo, agilizar los procedimientos ministeriales contra Luis Echeverría, Mario Moya Palencia, Francisco Sahagún Baca, Mario Arturo Acosta Chaparro, Humberto Quirós Hermosillo y demás funcionarios que participaron en la represión.

Por lo que respecta a la situación legal de Nazar Haro, cabe esperar que en la coyuntura actual sus víctimas sobrevivientes, así como los familiares de las que fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas, presenten o renueven las denuncias correspondientes, y que el juez encargado del caso -el cuarto penal de Distrito, Guillermo Vázquez Martínez- actúe con pleno respeto a la legalidad, a fin de impedir que el ex funcionario policial pueda evadir, una vez más, la acción de la justicia. Nada sería más desmoralizador en este momento, ni podría generar mayor descrédito a las instituciones judiciales, que la exculpación del ex policía, su colocación en régimen de arresto domiciliario o el otorgamiento para él de una libertad bajo fianza, como ha ocurrido con los innumerables ladrones y corruptos del salinato y del zedillismo. El inicio del proceso legal contra Nazar Haro, cabe insistir, es un buen paso en la dirección correcta. Ahora es necesario andar todo el camino hasta el final, y el final es el esclarecimiento del destino de los desaparecidos, el establecimiento de la verdad sobre las responsabilidades de la represión y el castigo por los asesinatos, los secuestros y las torturas.