La madrugada del pasado 31 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para 2004 y con ello cerró formalmente los trabajos de su periodo extraordinario de sesiones. Tras semanas de intenso y a veces ríspido debate legislativo, los días finales de 2003 tuvieron como corolario -junto a la aprobación de una Ley de Ingresos muy similar a la inmediata anterior y de un presupuesto considerado raquítico por buena parte de los actores políticos del país- la reafirmación del Congreso de la Unión como un poder independiente, plural y autónomo.

Ciertamente, el debate sobre la ampliación del IVA y la creación de otros impuestos constituyó un momento de claroscuros en el Legislativo. Por un lado, la mayoría en ambas cámaras frustró la pretensión foxista de imponer nuevos y ominosos gravámenes; al hacerlo, el Congreso confirmó su perfil independiente y su condición de actor crucial en el ejercicio y la consolidación de la democracia en el país. El gobierno federal, comenzando por el propio Vicente Fox, no logró, en su momento, comprender esta circunstancia y optó por emprender contra las mayorías legislativas una campaña de amenaza y reproche impropia de la investidura presidencial. Empero, es claro que el Congreso también se vio sujeto a fuertes presiones internas, provocadas sobre todo por la tensión, la confusión y la lucha por el poder en la bancada del PRI y por el apoyo que el Ejecutivo concedió a una de las partes en el conflicto priísta. Los momentos de parálisis legislativa fueron originados, justamente, en tal circunstancia.

Con todo, el Congreso de la Unión resultó, en buena medida, fortalecido por los recientes acontecimientos de los que fue protagonista. Su condición de poder autónomo y soberano, capaz de incidir por sí mismo en la conducción de los destinos nacionales, quedó revalidada, un hecho que, de potenciarse en beneficio del interés general, incidirá positivamente en el desarrollo mediato e inmediato del país.

Finalmente, en lo relativo al tema presupuestal, es evidente que los 1.6 billones de pesos autorizados resultan insuficientes para impulsar el crecimiento nacional y atender a cabalidad las necesidades sociales. 2004 será, seguramente, otro año difícil en términos económicos, lo que obliga a un ejercicio de austeridad republicana y a mejorar la eficiencia de la administración pública. Así, la reducción del aparato gubernamental y de sus gastos -sobre todo los que implican derroche, salarios exorbitantes, privilegios y prestaciones improcedentes- es un imperativo al mismo tiempo ético y económico, pues resulta obligado que el gobierno federal muestre con el ejemplo, y no sólo con intentos de privatizar el patrimonio público, con proyectos fiscales impopulares o con campañas de reproches injustificados contra las mayorías que se le oponen, que está dispuesto a asumirse en un contexto de estrechez económica general y a solidarizarse con los millones de mexicanos que padecen pobreza.

Por ello, cabe exigir y esperar que, en 2004, confluyan la austeridad y la creatividad política con el propósito de gestionar un escenario de recursos limitados y, al mismo tiempo, conseguir los consensos y los acuerdos necesarios -en el marco de un Congreso que ha probado su condición autónoma- para impulsar, en estricta sintonía con el bienestar y la opinión de las mayorías, el desarrollo de México.