Declara Miguel Alemán que existió una "clara responsabilidad" del ayuntamiento

A un año del incendio de puestos de un mercado en Veracruz, no hay culpables

La resolución final contra autoridades del municipio aún está pendiente, indica la PGJE

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Veracruz, Ver., 1º de enero. A un año de la explosión ocurrida en los alrededores de la zona de los mercados de esta ciudad, donde se incendiaron varios puestos ambulantes que expendían productos pirotécnicos, aún no se han esclarecido los hechos y está pendiente el castigo a los responsables del siniestro, que dejó un saldo de 29 muertos, casi un centenar de negocios destruidos, varios vehículos quemados y daños estimados en más de 10 millones de pesos.

También sigue sin ser localizado Oscar Daniel Campos Triana, el niño de 11 años que junto con su madre fue envuelto por las llamas la tarde del 31 de diciembre del 2002 y cuyo cadáver nunca fue localizado.

Las autoridades judiciales, federales y estatales sostienen que las investigaciones no están cerradas ni existe sesgo político para proteger a los responsables; sin embargo, reconocen que las sentencias no estarán listas hasta mediados de 2004.

Tanto el gobernador Miguel Alemán como las organizaciones de vendedores ambulantes, familiares de las víctimas y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) coinciden en que son funcionarios del ayuntamiento local, que encabeza el panista Ramón Gutiérrez de Velasco, los que deben responder por los sucesos.

De las 23 órdenes de aprehensión giradas en febrero de 2002, 12 iban dirigidas contra funcionarios municipales, a quienes se les imputan los ilícitos de homicidio y daños culposos e incumplimiento de un deber legal, aunque los inculpados promovieron amparos para evadir la cárcel. A la fecha sólo una vendedora se encuentra presa por no pagar su caución ni promover el amparo a tiempo.

La tarde del último día de 2002 el incendio en uno de los puestos semifijos provocó una explosión en cadena de más de 15 locales ambulantes que vendían productos pirotécnicos. No se ha podido precisar si la deflagración fue o no provocada.

El fuego alcanzó negocios establecidos, vehículos y bodegas, atrapó a decenas de personas que en ese momento realizaban las últimas compras para la cena de fin de año.

El fuego se propagó por las calles aledañas al mercado Miguel Hidalgo y no pudo ser sofocado hasta seis horas después.

En la esquina de Juan Soto y Miguel Hidalgo, donde inició el siniestro, todavía se aprecian las huellas de la tragedia, pese al intento de las autoridades para remozar la zona.

La víctima treinta

Ese día, Petra Campos Triana salió de su casa, ubicada en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, con su hijo de 11 años Oscar Daniel, para ir de compras al mercado Miguel Hidalgo, donde los sorprendió la explosión. El cuerpo calcinado de la señora fue localizado horas después, pero del pequeño no se tienen pistas, dice Samuel Contreras, padrastro del infante, quien se cansó de tocar puertas y abandonó la búsqueda del menor.

A Daniel algunos lo identifican como la víctima número 30 y otros, como las autoridades judiciales, ignoran su caso bajo el argumento de que "son 29 víctimas. Nada más", afirma el subprocurador regional de Justicia, Marco Antonio Aguilar.

A la fecha, también se desconoce la identidad de una de las 29 víctimas oficiales que fue "reconocida" por un anciano proveniente de Córdoba y que, para cobrar una indemnización de 100 mil pesos ofrecida por el gobierno estatal, declaró que se trataba de uno de sus hijos, aunque después fue acusado de fraude tras localizarse a su vástago en Hidalgo.

Funcionarios y ambulantes, los presuntos culpables.

Los señalamientos sobre la presunta responsabilidad en el siniestro siguen apuntando hacia comerciantes de cohetes y al ayuntamiento porteño. Los primeros por expender sin ninguna medida de seguridad los productos pirotécnicos en la vía pública y, los otros, por otorgar los permisos y, aparentemente, recibir "jugosas mordidas".

La PGR y la PGJE iniciaron investigaciones y giraron 28 órdenes de aprehensión. Cinco de ellas fueron otorgadas por el fuero federal y 23 por las instancias locales.

Del último paquete, 12 mandatos de aprehensión expedidos por el juzgado quinto de primera instancia fueron dirigidos contra funcionarios municipales, entre ellos el regidor Carlos Díaz Mendiola, los directores de Comercio, Fiscalización, Protección Civil y Comercio Informal, Carlos Camacho Carvajal, Roberto Velásquez Vinay, Fernando Martínez Boneta y Yari Garduza Pérez. El resto correspondieron a inspectores del área de Comercio.

El alcalde Ramón Gutiérrez de Velasco, cuyo padre Carlos Gutiérrez de Velasco Oliver fue señalado como propietario de bodegas donde se habrían almacenado artículos pirotécnicos, también fue citado a declarar conforme al expediente 1388/2002 de la PGJE.

A excepción de Garduza Pérez, que fue nombrada asesora especial de la alcaldía y a quien le fue negada la protección de la justicia federal, todos los funcionarios municipales recibieron el auto de libertad, afirma el director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Ramón Reyes González.

A Garduza Pérez se le dictó formal prisión pero pagó una fianza de 25 mil pesos que le evitó la privación de la libertad.

Sólo una en prisión

El subprocurador general de Justicia, Marco Antonio Aguilar Yunes, reitera que el caso no ha sido cerrado y "no hay nadie exculpado oficialmente".

Dijo que en su momento la PGJE, a través de la agencia sexta del Ministerio Público, impugnó tanto los amparos como los autos de libertad concedidos, por lo que la resolución final aún sigue pendiente.

Parte del expediente penal fue remitido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Los ilícitos imputados son homicidio y daños culposos e incumplimiento de un deber legal.

Por su lado, los 11 ambulantes implicados en la venta de explosivos también promovieron amparos para inhibir el encarcelamiento; sólo la señora Jova Macario está presa en el penal Ignacio Allende por no promover la protección de la justicia federal ni buscar el beneficio de la caución.

El gobernador Miguel Alemán señaló que además de los comerciantes que expendían el material explosivo, hay una clara responsabilidad del ayuntamiento, y serán los funcionarios municipales los que deberán responder, en parte, por los sucesos del 31 de diciembre del 2003.

"Yo no soy juez ni bombero, como dije hace un año a quien cuestionó mi ausencia el día de la tragedia, pero todos sabemos que es el municipio el que tiene la responsabilidad, fue el que dio los permisos para que (los vendedores de cohetes) se instalaran en las aceras, es un problema municipal", recalcó.