El acatamiento de las autoridades federales a las exigencias de Estados Unidos para que dentro de las aeronaves comerciales mexicanas con destino a ese país haya guardias armados constituye un deplorable acto de rendición ante la paranoia antiterrorista de Washington que, por añadidura, eleva los riesgos de que se presenten incidentes en los vuelos entre México y nuestro vecino del norte.

Como han señalado reiteradamente las asociaciones de pilotos y sobrecargos del país y de numerosas naciones, la presencia de personas provistas de armas dentro de los aviones implica severos riesgos para tripulantes y pasajeros, además de suscitar desconfianza entre estos últimos.

Por otro lado, resulta reprochable que, sin haber mediado comunicación oficial de las autoridades estadunidenses al respecto -en la que se expliquen con claridad los razonamientos y los supuestos peligros que motivan estas ominosas prácticas-, el gobierno federal haya aceptado sin chistar introducir agentes de la PFP en los aviones comerciales. Si bien se ha afirmado que tales medidas sólo se aplicarán en casos específicos, previa solicitud de Washington, exclusivamente con personal nacional, las autoridades debieron proporcionar información más amplia sobre las características y alcances de tales operativos, no sólo un escueto comunicado de aceptación.

Además, en el supuesto de que efectivamente existieran tales riesgos a la seguridad de las aeronaves, ¿por qué no se ha informado a la nación con la debida amplitud y profesionalismo sobre la eventualidad de que desde México se estén planeando acciones de corte terrorista contra objetivos estadunidenses? ¿Cómo actuarían, en su caso, tales agentes armados para disuadir o combatir a los supuestos terroristas? ¿Se encuentra el personal de la PFP realmente capacitado para enfrentar tal posibilidad? ¿Es que la colaboración binacional en materia de seguridad consiste, tan sólo, en la obediencia a los dictados de las agencias de Washington?

A la fecha, los supuestos peligros para las aeronaves mexicanas no son sino especulaciones y las autoridades de ambos países no han dado a conocer razones ni datos que permitan suponer la inminencia de actos que requieran la presencia de guardias armados en los vuelos comerciales originados en México.

Por ende, la pronta respuesta del gobierno federal a las exigencias de Washington resulta, por lo menos, reprochable, y eventualmente contraproducente para la seguridad y la soberanía del país, en el entendido de que el alineamiento de México con el frenesí antiterrorista estadunidense no parece justificado ni deseable. Por último, ¿quién dentro del gobierno federal ha recogido y explicado públicamente la opinión de los usuarios de las líneas aéreas mexicanas sobre la presencia de personas armadas en los aviones en los que viajan ellos y sus familias? Por lo pronto, tal parece que la voz de los ciudadanos sobre el particular no ha sido tenida en cuenta.