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México D.F. Martes 30 de diciembre de 2003

La eliminación de recursos para una carretera inició la revuelta en San Lázaro

Descontento tras nuevo manoseo de un dictamen por elbistas y gobierno

Por primera vez legisladores recomiendan al Presidente que modifique su política económica

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La modificación arbitraria de los recursos asignados para programas carreteros, educativos y sociales, maquinada por legisladores del PRI, PAN y la Secretaría de Hacienda, implicará replantear el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, elaborado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que fue presentado ayer en San Lázaro. No obstante, la cifra que no se ajustará es la del total de recursos destinados para el gasto federal del próximo año, que es de un billón 650 mil millones 505 millones 100 mil pesos.

Ante el descontento generalizado que se vivió ayer en el pleno, la Comisión de Presupuesto fue convocada a una nueva sesión, que se inició a las 21 horas -y que se calcula terminaría en la madrugada de hoy- con objeto de ajustar el dictamen y el anexo, donde se desglosan las partidas para cada uno de los programas que habrán de implementarse el próximo año.

La entrega del anexo -modificado por el priísta Baltasar Hinojosa, el panista Juan Molinar y el subsecretario de Hacienda, Carlos Hurtado- a los 500 diputados propició que los legisladores del tricolor por Durango iniciaran la revuelta, porque el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Angel Aguirre Rivero, no incluyó los recursos para la construcción de la carretera Mazatlán-Durango, que el gobernador Angel Sergio Guerrero Mier ha peleado con la Federación.

Además, otro dato que provocó el enojo fue la inclusión de una partida de 5 millones de pesos para la construcción de la escuela preparatoria de San Francisco del Rincón -municipio del que es originario Vicente Fox-, que fue negociada por el diputado priísta Wintilo Vega, como parte del cumplimiento de sus promesas de campaña. El 6 de julio el PRI ganó ese distrito electoral. Pese a que son recursos mínimos, los perredistas y petistas reclamaron la reducción que, por reasignaciones, sufrió el Instituto Politécnico Nacional, al que se le había aprobado un presupuesto de 350 millones de pesos, y ahora sólo se destinarían 200 millones.

En la exposición de motivos, por vez primera la Cámara de Diputados emite una serie de recomendaciones al Ejecutivo federal con objeto de mejorar su política económica y financiera. Los legisladores refieren que el principal problema del país estriba en el bajo crecimiento económico y en su consecuente incapacidad para generar empleos. Por esa razón, "se esperarían respuestas de estrategia económica consistente y bien armada, orientada a atender este problema central. El gobierno ha entregado buenas cuentas en materia de estabilización de precios, pero muy pobres en materia de crecimiento y empleo".

El otro problema grave, sostiene el documento, consiste en la baja y declinante competitividad de la economía mexicana, porque de ello dan cuenta los numerosos indicadores internacionales que colocan al país en los últimos lugares, y por tal razón "se esperaría una estrategia urgente y bien diseñada para avanzar en las muchas reformas de fondo aún pendientes".

La Comisión de Presupuesto señala también que México ha experimentado el deterioro de una de las principales fuentes de crecimiento en las últimas décadas que se refiere a la exportación de bienes y servicios, y si bien ello se debe al bajo crecimiento mundial, "también a la baja competitividad del país y a una fuerte competencia de los países asiáticos".

En el caso del gasto corriente del gobierno, los diputados detectaron "crecimientos evidentes y un tanto desmesurados" en rubros como servicios personales y generales. "Estamos haciendo las precisiones y proponiendo que el Poder Legislativo establezca la obligatoriedad de efectuar los ajustes y racionalizaciones del gasto en las plazas y nóminas correspondientes: no es posible que aumenten los sueldos y el número de altos funcionarios cuando los resultados de la gestión pública son cada vez más malos", indica.

Por ejemplo, se establece que en los años 80 las secretarías de Estado contaban con un promedio de 3.5 subsecretarios, mientras que en los tres años del actual gobierno esa cifra llega a 6.5 por secretaría. Lo mismo sucede a nivel de directores generales, donde hay más de 500 jefes, titulares y coordinadores, y todos cobran entre 150 mil 221 pesos y 154 mil 162 pesos cada uno, más bonos y aguinaldos.

En ese rubro, el anexo del proyecto de presupuesto señala que el Presidente ganará 155 mil 42 pesos con 30 centavos como percepción ordinaria neta mensual, independientemente de la compensación garantizada. En el caso de los secretarios de Estado, o titulares de entidad, el promedio salarial es de 149 mil 327 pesos y 27 centavos, más la compensación referida, que incluye gastos médicos, bonos trimestrales y para compra de automóvil, así como vales de gasolina.

La Comisión de Presupuesto elaboró el dictamen -que se encontraba en proceso de modificación en la madrugada de hoy- con una advertencia en el sentido de que las presiones de gasto de las entidades del Ejecutivo federal superan los 203 mil 467 millones de pesos, en los siguientes ámbitos:

Campo, con 41 mil 150 millones de pesos; educación, 56 mil millones; seguridad social, 30 mil 749 millones; PAFEF, 13 mil millones; carreteras, 12 mil 723 millones; y agua, entre otros, con 12 mil 322 millones.

Ante esas demandas, lo único que pudo reasignarse, y que ajustaba anoche la comisión, fueron 37 mil 579.2 millones de pesos en el marco del presupuesto. Así, para el campo se destinan 10 mil 800 millones; salud, mil 500 millones; educación, 7 mil 700 millones; carreteras, 7 mil 300; agua, mil 79 millones; desarrollo social, 2 mil 200, y PAFEF, 7 mil millones de pesos.

El gasto federal

Las erogaciones totales que prevé el presupuesto para 2004 suman un billón 650 mil 505 millones 100 mil pesos, que corresponden al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. Para el próximo ejercicio fiscal se establece una meta de déficit público de 0.3 por ciento, equivalente a 24 mil 93 millones de pesos.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa se sujetará a la meta de balance financiero de 15 mil 989 millones 318 mil 918 pesos. El precio internacional para la mezcla de petróleo de exportación se compensará de la siguiente forma: la pérdida hasta por 10 mil millones de pesos, 50 por ciento con ajustes a su gasto y 50 por ciento con la reducción de su meta de balance financiero. El volumen de producción de crudo será compensado por la paraestatal con ajustes al gasto de su presupuesto.

En el artículo quinto del dictamen se manifiesta que el ejercicio de gasto del IMSS será de 184 mil 381 millones 400 mil pesos. A esa cantidad, el gobierno federal aportará 32 mil 781 millones 800 mil pesos como contribuciones para los seguros, y 47 mil 433 millones 200 mil pesos para cubrir las pensiones en curso de pago.

Durante el ejercicio fiscal de 2004, el IMSS deberá destinar a sus reservas financieras y actuariales la cantidad de 13 mil 132 millones 600 mil pesos, para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga.

El anexo impugnado

Los recursos de que habrán de disponer los ramos autónomos, administrativos y generales, y las entidades sujetas a control presupuestario, se desglosan de la siguiente forma: al Poder Legislativo, un total de 6 mil 99 millones 986 mil pesos. De esa cantidad corresponderán 2 mil 320 millones 163 mil pesos a la Cámara de Senadores y 3 mil 165 millones 941 mil pesos a la de Diputados. El resto, 613 millones 882 mil pesos, a la Auditoría Superior de la Federación.

Al Poder Judicial se pretende destinar 19 mil 400 millones de pesos, que se dividirán entre la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al IFE se le destinarán 5 mil 468 millones 294 mil pesos, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 629 millones 104 mil pesos.

En los ramos administrativos del gobierno federal, la Presidencia tendrá presupuesto de mil 645 millones 331 mil pesos; a la Secretaría de Hacienda le corresponderían 23 mil 620 millones; a Sagarpa, 36 mil 373 millones 348 mil pesos; SEP, 113 mil 88 millones 103 mil pesos; a Sedeso, 21 mil 98 millones 544 mil pesos.

A las entidades sujetas a control presupuestario les corresponderán los siguientes recursos: al IMSS, 184 mil 381 millones 400 mil pesos; CFE, 133 mil 625 millones 200 mil pesos; Pemex, 113 mil 351 millones 300 mil pesos; ISSSTE, 55 mil 203 millones 300 mil pesos; y Luz y Fuerza, 20 mil 434 millones 500 mil pesos.

El costo de la deuda

El dictamen engloba 213 mil 908 millones 293 mil 16 pesos para el pago de intereses de la deuda del gobierno federal. De esa cantidad, 145 mil 860 millones 120 mil 362 pesos se destinarán al costo financiero del gobierno, es decir, a deuda pública; 30 mil 18 millones 31 mil 854 pesos al costo de la deuda de las entidades del gobierno; 38 mil 30 millones 140 mil 800 pesos para las erogaciones del programa de apoyo a ahorradores y deudores de la banca (rescate bancario); 13 mil 365 millones 140 mil 800 pesos para las obligaciones incurridas con los programas de apoyo a deudores, y 24 mil 665 millones para las obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores.

Asimismo, las transferencias mediante el Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas ascienden a 17 mil millones de pesos. De ese monto, la cifra más alta corresponde a los fondos que se destinan al estado de México, con 2 mil 59 millones 969 mil 507 pesos, que el PAN pretende incrementar en 600 millones de pesos si se borran del programa los mil 400 millones 910 mil 367 pesos que corresponden al gobierno del Distrito Federal.

Para las instituciones públicas de educación media y superior, la Comisión de Presupuesto redistribuyó recursos por 4 mil 700 millones de pesos. A la UNAM se le otorgan 400 millones de pesos -cuando se reclamaban por lo menos mil millones de pesos más-, a pesar de que Rojas fue el presidente del Patronato Universitario y se comprometió antes a impulsar un monto mayor.

Al IPN sólo se le pretenden asignar 200 millones de pesos, cuando la autorización inicial era de 350 millones. A la Universidad Autónoma de Puebla, 150 millones; a la Universidad de Occidente, en Sinaloa, 50 millones; a la Universidad de Sinaloa, 50 millones; a la Universidad Veracruzana, 50 millones; a la de Durango, 30 millones.

Al Sistema de Educación Superior Tecnológica, mil millones; al Sistema de Educación Media Superior mil 865 millones; SEP-ANUIES, 900 millones, y a la Preparatoria Oficial de San Francisco del Rincón, 5 millones de pesos.

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