El próximo 1º de enero se cumplen 10 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en favor de los derechos y la dignidad de los indígenas de México. Mucho es lo que ha acontecido en esta década y, también, son considerables las omisiones y las afrentas que la nación mexicana y sus pueblos originarios han debido enfrentar en este crucial periodo de la historia del país.

En primer término, cabe destacar las trascendentales aportaciones que el EZLN ha legado al desarrollo democrático, cívico e institucional del país. A él se deben tempranas y visionarias formas de rechazo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, instrumento que sólo ha beneficiado al gran capital y que, en cambio, ha deteriorado severamente los niveles de bienestar y competitividad de incontables productores agrícolas, industriales y comerciantes nacionales. También corresponde al esfuerzo del EZLN una porción significativa de los logros en materia democrática que ha experimentado México en este periodo. Su compromiso con las mejores causas sociales y con el progreso institucional ha empujado la democratización del país: basta recordar, para dar la medida de esta aportación, las diversas consultas ciudadanas auspiciadas y avaladas por el EZLN y, sobre todo, la vehemente y valerosa reivindicación del derecho de los pueblos indígenas a elegir su futuro y sus propias formas de organización y gobierno en el marco de la nación mexicana. La ciudadanización del IFE, por ejemplo, no puede separarse del profundo proceso de concientización de la sociedad impulsado en su momento por el EZLN.

Por otra parte, el zapatismo ha sido un factor determinante para que la sociedad mexicana comprenda y reconozca la dignidad y la respetabilidad de los pueblos indígenas del país. El EZLN, a diferencia de las distintas administraciones que han conducido al país en los últimos 10 años, ha mantenido en todo momento su intención de trabajar en favor de la paz y ha avalado desde el principio los acuerdos de San Andrés, textos jurídicos reconocidos por los pueblos indígenas de México y por amplísimas franjas de la sociedad como las vías apropiadas para alcanzar la paz en Chiapas y comenzar a restituir a los pueblos indios los derechos y las prerrogativas que legítimamente les corresponden. Sin el despertar zapatista del 1º de enero de 1994, el consenso social -nacional e internacional- en favor de los derechos de los pueblos originarios de México y su necesaria ubicación en el centro de la agenda del desarrollo nacional no habrían tenido lugar, al menos de la manera que hoy conocemos.

Por otro lado, a lo largo de la pasada década, el EZLN ha denunciado con claridad los vicios y las limitaciones de la clase política nacional, ha señalado enfáticamente la necesidad de desactivar los impulsos contrarios al interés de las mayorías que han caracterizado a los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y ha sido un actor implacable y moralmente sólido en la tarea de construir un México más solidario, justo y democrático.

Desafortunadamente los gobiernos que han regido a la nación desde 1994 a la fecha no han sido capaces de comprender la trascendencia de estos señalamientos y no han estado a la altura de las exigencias ciudadanas. El incumplimiento oficial de los acuerdos de San Andrés y el continuo estado de militarización y paramilitarización de las regiones de influencia zapatista dan cuenta de ello. De igual manera, los pueblos indígenas no han encontrado en estos 10 años razones para suponer que las autoridades nacionales están realmente dispuestas a asumir y a atender sus justos reclamos por una vida digna en el marco de sus formas particulares de organización social, política y económica. Por ello la lucha zapatista no ha concluido y todavía tiene un largo y auspicioso camino que recorrer, de la mano de las mejores y más comprometidas fuerzas sociales y ciudadanas.

Finalmente, ha de honrarse a las numerosas personas que han brindado su esfuerzo, e incluso su sangre, en el imprescindible afán de dar a los pueblos indios de México, y a los mexicanos en su conjunto, mejores oportunidades de vida digna y de desarrollo justo, democrático e incluyente. Las víctimas de Acteal y de otras repudiables acciones represivas, los activistas en pro de los derechos humanos que han padecido la intolerancia y el hostigamiento oficiales y, en general, todos los mexicanos que han asumido como suya la justa lucha de los pueblos indígenas merecen un cabal reconocimiento. Por ello, a 10 años del levantamiento zapatista, las legítimas aspiraciones de los indios de México y el reclamo por un país más justo y democrático continúan siendo, en voz del EZLN y de amplios sectores sociales comprometidos con las más elevadas metas nacionales, parte crucial de la agenda por la construcción de un futuro mejor para todos los mexicanos.