Ayer, en La Haya, se inició el proceso pedido por el gobierno de México contra Estados Unidos por la violación sistemática de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, instrumento jurídico internacional que obliga a las naciones signatarias, entre otras cosas, a notificar a los presuntos delincuentes extranjeros su derecho a comunicarse con las autoridades consulares de su país para que se les brinde asistencia legal.

Una expresión particular del desprecio de la clase política estadunidense hacia el derecho internacional es, precisamente, el sistemático quebrantamiento de la regulación citada, que ha tenido entre sus consecuencias la emisión de 52 condenas a muerte contra mexicanos residentes en Estados Unidos. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores demanda, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que la parte acusada anule esos fallos aberrantes y repita los procedimientos penales contra los afectados, esta vez con la asistencia regular de las autoridades consulares mexicanas.

Desde los puntos de vista de la ética, la justicia y los derechos humanos, la pena de muerte es inadmisible y repudiable. Para colmo, semejante castigo fue prescrito a medio centenar de connacionales como resultado de procesos marcados por el racismo, la xenofobia y los prejuicios de jurados, jueces y fiscales, así como por la indefensión legal, cultural e idiomática de los acusados, muchos de los cuales eran menores de edad cuando fueron aprehendidos.

Sin embargo, el sistema penal estadunidense no encuentra en esas aberraciones motivo suficiente para anular los juicios y las sentencias, y continúa impasible con sus asesinatos legalizados. En tal circunstancia, el único recurso jurídico posible para evitar las infames ejecuciones de connacionales es demostrar ante la CIJ que el país vecino violó el derecho de protección consular que asistía a los sentenciados y quebrantó, al mismo tiempo, el derecho de México a brindar esa protección a sus ciudadanos y la legalidad internacional representada, en este caso, por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La demanda así planteada es impecable; debe saludarse la capacidad jurídica de la cancillería mexicana para presentarla y defenderla. Pero también debe tenerse en cuenta el poder del Departamento de Estado, de sobra conocido, para presionar, chantajear y doblegar a gobiernos, personas y organismos internacionales. Con esas dos consideraciones, resulta claro que la suerte y la vida de ese medio centenar de mexicanos están en el aire.

Cabe exigir que la CIJ resista cualquier presión procedente de Washington, se ciña a derecho y ordene al Estado infractor la anulación de las sentencias y la reposición de juicios contra los afectados. Pero si eso no ocurriera, nuestro país estaría en la obligación de defender la vida de los suyos por otros medios y medidas, tanto gubernamentales como sociales.

Ojalá que no sea necesario poner en práctica acciones de resistencia, como un boicot turístico al país vecino o un cierre de la frontera a las importaciones de Estados Unidos.