Detrás de la rechazada propuesta fiscal del Ejecutivo federal existen, además de la ampliación del IVA y la aplicación de gravámenes a las cadenas productivas, otras iniciativas perniciosas para el desarrollo general de la nación que deben ser explicadas a cabalidad. Tal es el caso de la propuesta de exentar del pago de derechos por extracción de hidrocarburos a las empresas extranjeras titulares de los legalmente cuestionables contratos de servicios múltiples para la explotación de gas natural en la cuenca de Burgos.

En la iniciativa de Ley Federal de Derechos, que formó parte de la abortada propuesta fiscal foxista, se contemplaron exenciones impositivas a quienes exploten pozos de gas que produzcan cada uno hasta un millón de metros cúbicos diarios, pero, dado que en el caso de la cuenca de Burgos tal actividad la realizan empresas extranjeras, los beneficiarios de esa disposición serían, en gran medida, las corporaciones trasnacionales. Para colmo, en tal iniciativa sólo se señala que esa exención se aplicaría a "quienes exploten yacimientos de petróleo crudo y gas natural", redacción tramposa que traslada beneficios fiscales de Pemex a los concesionarios extranjeros y que, por añadidura, violenta las normas constitucionales que claramente especifican que corresponde exclusivamente a la nación la extracción de esos recursos energéticos.

En este contexto, cabe preguntarse por qué en su momento no se explicó pública y ampliamente a la ciudadanía la existencia de tal disposición en el paquete fiscal enviado por el Ejecutivo y apoyado por Elba Esther Gordillo y sus huestes, máxime cuando esa propuesta resulta no sólo injusta -pues favorece al gran capital transnacional en detrimento de las arcas públicas-, sino inmoral, en el entendido de que mientras se pretendía imponer a la sociedad gravámenes lesivos para la economía de las mayorías, se preveía también otorgar beneficios extraordinarios a las corporaciones petroleras extranjeras. ¿Es que, acaso, la insistencia oficial en ampliar el IVA y crear otros impuestos está en parte originada en la intención de paliar de alguna forma la merma en los recursos fiscales suscitada por las inaceptables exenciones que se otorgarían a los concesionarios de la cuenca de Burgos?

Por otro lado, la falta de una explicación clara y suficiente por parte del gobierno federal en este particular deja entrever la inquietante sospecha de que los pleitos internos y la ruptura en la fracción priísta en la Cámara de Diputados habrían sido inducidos, o al menos aprovechados, con el objetivo de tender una cortina de humo sobre la improcedente propuesta de favorecer a las compañías petroleras trasnacionales y frenar, con ello, una nueva cadena de expresiones de rechazo de la sociedad.

Además, cabe preguntarse si las estridentes y amenazantes expresiones vertidas por importantes funcionarios del Ejecutivo -incluidos el presidente Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel- en contra de quienes rechazaron en el Congreso la propuesta fiscal oficial podrían estar motivadas, entre otras razones, por la imposibilidad de cumplir con compromisos inaceptables como son las exenciones tributarias a las corporaciones extranjeras.

La ausencia de respuesta gubernamental a estas cuestiones es motivo de suspicacias entre la ciudadanía y, por ello, convendría que el gobierno federal clarificara la totalidad de sus recientes propuestas fiscales. De lo contrario, permanecerá la sospecha de que existen intereses inconfesables y contrarios al patrimonio nacional detrás tanto de la política tributaria del Ejecutivo como de la irritación expresada recientemente por algunos de los más altos responsables de la conducción política y económica del país. Así las cosas, es de esperar que tal propuesta de exención fiscal sea desechada en los próximos trabajos en materia de ingresos que se llevarán a cabo en el Congreso, pues su aprobación significaría una afrenta a la sociedad y una violación a la legislación en la materia.