Más de una década después de la caída del Muro de Berlín, el gobierno de Tel Aviv pretende erigir un engendro opresivo semejante con el objetivo de enjaular al pueblo palestino en los despojos territoriales de su propia patria. La edificación, que el primer ministro israelí, Ariel Sharon, califica de "defensiva" y necesaria para frenar los ataques terroristas que los sectores radicales palestinos realizan regularmente contra objetivos civiles de Israel, tiene en realidad tres propósitos completamente ajenos a la "autodefensa".

En primer lugar, el muro, con su trazo invasor y abusivo, es un intento por convertir en hechos consumados innumerables robos de territorios palestinos cometidos por el Estado judío; asimismo, la fortificación está diseñada para atomizar y desgarrar el tejido social palestino, segregando en forma definitiva a los habitantes árabes de Israel de sus parientes y amigos de Cisjordania y estableciendo -en esta última porción de territorio- pasos, puestos de control y obstáculos que hagan imposible la constitución, por no decir el funcionamiento, de un Estado palestino soberano. En tercer lugar, ese muro infame busca humillar a fondo a los infortunados habitantes de Cisjordania con el propósito de fortalecer los segmentos más extremistas, intolerantes y fanáticos de la resistencia palestina y justificar, de esa forma, la brutalidad militarista del régimen de Sharon.

De hecho, para mantenerse en el poder, ante el creciente hartazgo de la sociedad israelí por la criminal violencia de sus gobernantes, Sharon y los suyos no cuentan con otra coartada que la amenaza terrorista; por ello los actuales dirigentes del Estado judío no tienen más curso de acción política que exacerbar y alimentar esa amenaza, recurriendo a la barbarie militar sistemática, a las violaciones masivas de derechos humanos, al asesinato y al encarcelamiento preventivo del conjunto de la población cisjordana mediante la construcción de la mencionada cerca.

El sentido común más elemental indica que el muro de Sharon no puede, en ninguna circunstancia, ser un factor de paz, y sí, por el contrario, un acicate adicional para perpetuar la espiral de violencia que agravia y lesiona a ambos pueblos -el palestino y el israelí-, a la región y al mundo, escalada que constituye, por lo demás, el único asidero para la existencia política de los partidarios de la guerra: el bloque Likud y sus apéndices integristas en el lado is-raelí, y Hamas, Jihad Islámica, Mártires de Al Aqsa y otros grupos terroristas en el bando palestino.

En ese contexto, debe saludarse como un hecho positivo la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, adoptada ayer, que pide al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya un veredicto sobre la legalidad o ilegalidad de la oprobiosa jaula monumental en la que Sharon y sus colaboradores pretenden encerrar a los palestinos. Cabe esperar que la máxima instancia de justicia del planeta reciba el caso, que exija al régimen de Tel Aviv la suspensión inmediata de esa construcción infame y que contribuya, de esa forma, a incrementar el aislamiento internacional de los actuales gobernantes de Tel Aviv, culpables de crímenes de guerra en Cisjordania y responsables principales de la inseguridad y la zozobra en las que vive la sociedad de Israel.