Empresarios presionan a trabajadores para que se expresen contra Hugo Chávez

Ante anomalías en el firmazo, Venezuela cierra parte de su frontera con Colombia

Extranjeros pretendían participar en jornada de recolección de rúbricas: vicepresidente

STELLA CALLONI ENVIADA

Caracas, 29 de noviembre. El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, anunció esta tarde el cierre "selectivo" (no total) de la frontera común con Colombia, en la zona de Táchira, para evitar "irregularidades" durante el llamado firmazo, con el cual los opositores pretenden juntar rúbricas para celebrar un referéndum para destituir al presidente Hugo Chávez.

Rangel aseveró que se detectó a personas provenientes del vecino país con documentos falsos de identidad que no estaban inscritas en el padrón y que al parecer intentaron participar en la recolección de firmas.

El diputado oficialista venezolano Tarek William Saad denunció hoy que personas armadas provocaron incidentes en la zona del Chacao e hirieron a un militante del Movimiento Quinta República. Venezuela vivió así la segunda jornada opositora del llamado firmazo. La constitución bolivariana, aprobada en 1999, prevé el derecho de la población a recoger firmas a la mitad del mandato presidencial para revocarlo, en caso de que no se hayan cumplido las promesas electorales. La oposición debe reunir más de 2 millones 600 mil firmas para convocar el referendo sobre el recorte del mandato del presidente Hugo Chávez.

Es muy fuerte la tendencia de los sectores opositores más recalcitrantes a convencer a la población de que si logran la suficiente cantidad de firmas no habrá necesidad de ir a un referéndum revocatorio; tomaría las calles, irían a Miraflores y se apoderarían del gobierno.

Por otra parte, en un confuso incidente, desconocidos lanzaron fuegos artificiales contra la entrada del edificio del Consejo Nacional Elctoral, en momentos en que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, sostenía una reunión con directivos del organismo.

En el estado de Falcón, el gobernador Jesús Montilla aclaró que en los incidentes no hubo víctimas pero sí algunos daños materiales. También advirtió sobre unos panfletos tirados en el lugar del ataque a la sede de Copei, los cuales decían que no se iba "a permitir este fraude (electoral)" y que la acción era una "advertencia".

En varios municipios del estado de Vargas, colindante con esta capital, aún se observan las huellas de un deslave que arrastró cientos de casas y dejó miles de víctimas a finales de 1999.

En carpas instaladas en algunas calles y plazas, la oposición, custodiada por el ejército, que ha organizado un plan nacional para impedir enfrentamientos entre los

contendientes, recolectaba firmas. Había música y cantos. En el perímetro de éstas colocaron cintas amarillas y sogas, para impedir cualquier incidente alrededor de las mesas.

Observadores internacionales pudieron comprobar que a cada persona que firmaba se le entregaba un "comprobante" o se anotaba el número de planilla en un papel y a pocos metros se les daba la tarjeta. Esto fue interpretado como una acción ilegal, especialmente porque los patrones y dueños de las grandes empresas, que hicieron el lock out (cierre de industrias) patronal durante las huelgas del año pasado, ahora obligan a sus trabajadores a llevar una constancia de que votaron para "tumbar a Chávez".

Sin embargo, desde el punto de vista político, se advierte apatía en las bases opositoras y menos entusiasmo. Especialmente porque debieron adaptarse a las reglas electorales, después de las falsificaciones comprobadas en un intento anterior.

Ahora se nota que el proceso de recolección es lento y en el interior del país no hay colas como en Caracas. Esto indicaría que los firmazos anteriores fueron ilegales y manipulados, cuando los dirigentes opositores afirmaron que en un día habían recogido millones de rúbricas.

El proceso de recolección de firmas culminará el próximo 1º de diciembre, pero todos los días hay denuncias. La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, sostuvo que están investigando 124 denuncias de empleados que fueron obligados por empresas privadas a firmar en favor de la consulta contra Chávez. Algunos internados en un hospital denunciaron que fueron amenazados con dejarlos sin atención si no rubricaban contra Chávez, y empleadas domésticas han dicho que sus patrones las han amenazado con despedirlas.

Autoridades señalan que de comprobarse cualquier tipo de amenaza o presión en ese sentido, los responsables podrían ser sancionados con penas que van de 15 días a 30 meses de cárcel.