De acuerdo con datos del Pew Hispanic Center (PHC) y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), difundidos por este diario en su edición del pasado martes, casi 20 por ciento de la población adulta del país recibe dinero enviado por parientes que trabajan en Estados Unidos. Roberto Suro, de la primera de esas instituciones, destacó que tales flujos monetarios "representan una nueva forma de integración internacional, impulsada no por negociadores comerciales, sino por personas comunes que buscan aliviar sus penurias económicas".

El Banco de México dio a conocer ayer que la suma de los envíos monetarios que realizan los trabajadores mexicanos en el país vecino superó, en los primeros meses del presente año, el total de 2002, con lo que se situaron como la segunda fuente de divisas para la nación, después del petróleo y antes que la inversión extranjera directa y el turismo internacional.

La cifra contrasta con el orden de prioridades que las instituciones nacionales -el gobierno federal, los estatales, los organismos legislativos, el Poder Judicial- se plantean para atender los requerimientos de esos tres sectores disímiles: los inversionistas extranjeros, la industria turística y los connacionales que laboran al norte del río Bravo.

La política económica, la diplomacia y la actitud misma de las autoridades privilegian invariablemente, casi como acto reflejo, a los propietarios de capitales externos. Los funcionarios económicos se desviven por presentar macroindicadores que permitan sueño tranquilo a empresarios y especuladores extranjeros, aun si para producir cifras elegantes se sacrifican las expectativas de crecimiento nacional, de reactivación del mercado interno y de mejoras salariales sustantivas, y se busca denodadamente abrir a la inversión privada los únicos ámbitos económicos que siguen siendo por mandato constitucional exclusivos del Estado: la industria petrolera y la generación y distribución de energía eléctrica.

En contraste, la defensa de la dignidad, la integridad física y los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos ha sido casi completamente abandonada, merced a un "realismo político" rayano en la claudicación nacional, a la espera de un cambio incierto en el escenario político estadunidense.

Los argumentadores oficiales de siempre -es decir, los de este sexenio y los de los anteriores- suelen justificar esa monstruosa desigualdad mediante la supuesta estrategia de propiciar, por la inversión foránea, la creación de empleos en el país que anclen de este lado de la frontera a los trabajadores migrantes y hagan innecesario su viacrucis. Pero, por lo que dejan ver las cifras, tal estrategia ya fracasó, toda vez que el flujo de mano de obra hacia la nación vecina se ha incrementado en forma sostenida y es, precisamente, uno de los factores que explican el incremento de las remesas y su colocación como segunda fuente de divisas.

Debe entenderse que, en tanto las asimetrías económicas entre México y Estados Unidos no experimenten una sustancial atenuación -perspectiva irrealizable en las próximas décadas-, el flujo migratorio de uno a otro país no va a detenerse ni a reducirse, por más que Washington implante fronteras inteligentes, instale cámaras infrarrojas y despliegue policías fronterizos asesinos. Millones de mexicanos seguirán acudiendo al mercado laboral de la nación vecina porque, por ilegales que sean los cruces, representan un importante factor de estabilización y desarrollo para las economías de Estados Unidos y de México.

Si al poder público no le resulta atractivo ni interesante el tema de los derechos humanos, si ha claudicado en los principios y si ha perdido toda noción de solidaridad entre mexicanos, debería de todas formas, así fuera con mero propósito pragmático y utilitario -la preservación de la segunda fuente de divisas para el país-, recortar un poco la alfombra roja para los inversionistas extranjeros y poner en el primer lugar de sus prioridades (y en el centro de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos) la demanda de un acuerdo migratorio que proteja las garantías individuales y los derechos básicos de los connacionales que trabajan en ese país.