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E C O N O M I A
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México D.F. Lunes 17 de noviembre de 2003

León Bendesky

El Estado banal

La banalidad se apoderó del país. Asfixia. En el escenario político se exhiben ahora las propuestas del gobierno en materia fiscal y de reforma del sector de la energía. Ellas provocan el desconcierto general por su pobreza. Son pobres como se conciben en las oficinas de los funcionarios y como se presentan al público; lo son por la falta total de sustento en relación con lo que prometen. De ellas no se puede desprender cómo es que generarán suficientes recursos públicos para financiar un mayor gasto en educación, infraestructura y programas de asistencia social y tampoco puede saberse cómo provocarían el repunte decisivo de la desinflada economía nacional. Es la metafísica llevada al extremo más trivial.

Los argumentos de esas propuestas no están articulados y nadie se preocupa por crear los eslabones necesarios para su consistencia interna y su eficacia como instrumentos de gobierno. La verdad es que esos eslabones no existen; por eso no se puede pedir más de una visión política tan insustancial. Hacer el juego a esta práctica sólo contribuye a reproducir la banalidad prevaleciente, la que se expresa en que el "balón seguirá siendo de nosotros", del "traje a la medida de México", de los "reflectores mundiales sobre el país".

El entusiasmo por los efectos de las reformas llevó al Presidente a decir que con ellas se daría un "salto cuántico en la educación". Quienes lo asesoran no lo protegen. Pensarán que cuántico significa mucho, grande o sobresaliente y que ese concepto puede equipararse con el estado de la educación en el país. Sólo con una rápida búsqueda en el diccionario y sin más conocimientos acerca de la obra de Max Planck se sabría que cuanto se asocia en física efectivamente con un salto, pero el que "experimenta la energía de un corpúsculo cuando absorbe o emite radiación y es proporcional a la frecuencia de esta última" (Diccionario avanzado de la lengua española SM). Nada que ver con el rezago educativo que ocupa al gobierno.

Creerán de veras el Presidente, los secretarios y sus acólitos de distintos linajes en todas esas maravillas que se podrían conseguir con sólo aprobar las reformas que bien saben están soportadas en cimientos de barro. Cuando hablan de reforma fiscal se trata básicamente de una propuesta sobre el impuesto al valor agregado, y de la cual se obtendrían cuando mucho los recursos equivalentes al costo que tiene todavía el rescate bancario operado mediante el Fobaproa y el IPAB.

Eso dista mucho de ser una reforma y está muy lejos de lo que se requiere para sanear las finanzas públicas, aumentar significativamente la recaudación tributaria con respecto al producto y hacer del Estado un factor real de promoción de la actividad económica y capaz de cumplir las necesidades insatisfechas de una sociedad cada vez más golpeada y desigual. Hay en todo esto aspectos de índole política, técnica y ética que no pueden ser ignorados, son los que enmarcan la propuesta presupuestal que se entregó al Congreso y las reformas que se dicen estructurales.

Cuando hablan de reforma del sector eléctrico nos quieren hacer creer que la CFE es una empresa sin capacidad de generar y abastecer de energía al país, que carece de recursos para la inversión en las próximas dos décadas. Pero se omite decir claramente que las finanzas de la comisión están sujetas a las transferencias que debe hacer a Hacienda sobre las tarifas que cobra a los usuarios, que no tiene autonomía financiera y, por lo tanto, no cuenta con la capacidad de gestión que requiere. En ese marco debería juzgarse su eficiencia y su forma de operación, independientemente de los procesos que pudieran hacerse con inversiones privadas. El caso de Pemex es similar. La empresa que explota el recurso natural más valioso en el mercado con el que cuenta el país está sobrendeudada, tiene una estructura ineficiente y muy costosa Pero aporta una tercera parte del ingreso del gobierno, sin el cual la crisis fiscal sería inevitable.

Este es el marco en el que habría que juzgar a las empresas públicas, el mismo que remite, una y otra vez, al sistema fiscal y que nadie quiere tocar y mucho menos transformar de manera decisiva. Seguir revoloteando alrededor de estos hechos que se conocen pero se esconden es un acto de banalidad. Esto sólo sirve para mantener el statu quo en materia fiscal que favorece a los grupos más privilegiados de la sociedad. Sirve para imponer un elemento ideológico en la política que tiene que ver con la apretura al capital privado sin que se tenga el valor de sostenerlo como tal y, en cambio, se disfrace con el ropaje de la insolvencia financiera y la incapacidad de gestión de las empresas públicas.

Por décadas se ha ido minando a las empresas del sector energético del país para poder sostener una ficción fiscal que ha sido desastrosa en términos financieros y económicos. El Estado mexicano no tiene rumbo y, además, está en manos de políticos que no se reconocen en él y no saben qué hacerle más que reducirlo todo lo que sea posible.

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