Conforme se multiplican los obstáculos políticos y legales para la consecución de la anhelada reforma fiscal y privatización del sector energético, el presidente Vicente Fox parece volver a la táctica de promesas imposibles de cumplir que tan buenos resultados le produjo en sus tiempos de candidato. Anteayer, el mandatario ofreció que, si se aprueba su propuesta fiscal -que pasa por la imposición del IVA a alimentos y medicinas-, instalaría laboratorios de computación en todas las secundarias y preparatorias del país y el gobierno produciría libros de texto electrónicos; asimismo dijo que, en caso de que se aprobara la reforma eléctrica, instalaría en las zonas indígenas del país "centros comunitarios conectados a Internet con computadoras, agua potable, caminos, escuelas, clínicas y centros de salud".

En una tónica semejante, ayer Fox volvió a la carga y prometió, a cambio de la aprobación de su programa impositivo, "un shock de expectativas para poner a México otra vez en el lugar que le corresponde, que tenga los reflectores y que venga la inversión extranjera, y que desate la inversión de los empresarios mexicanos".

El miércoles, el mandatario se refirió a la reforma fiscal como un medio de combatir la pobreza y distribuir el ingreso; ayer, jueves, afirmó que "la justicia social no se hace por la vía del ingreso", que "a cambio, por la vía del gasto (...) sí se puede distribuir el ingreso", y opinó que los impuestos "siempre serán injustos, siempre serán inequitativos".

Las ambigüedades, las confusiones y las falsedades simples (como que los impuestos son inevitablemente "injustos" e "inequitativos"), engarzadas en escenarios nacionales paradisiacos, con los niños de las comunidades indígenas conectados a Internet, obligan a recordar las tasas de crecimiento de 7 por ciento, la trinidad de "vocho, tele y changarro" o las soluciones de 15 minutos para el conflicto chiapaneco, entre muchos otros cuentos de hadas que el candidato presidencial Vicente Fox, en su afán por llegar a Los Pinos, ofrecía a los votantes.

El titular del Ejecutivo federal tiene, ciertamente, el derecho de argumentar y defender sus posturas en materia hacendaria, económica y de desarrollo. Tiene, incluso, el derecho de suscribir iniciativas de inocultable influencia salinista, como la anunciada ayer de desincorporar y vender bienes de la nación "para llevar ese dinero a las escuelas, para llevarlo al combate a la pobreza". Pero no es correcto que desde la Presidencia se pretenda confundir a la opinión pública haciéndole creer que con la mera aprobación de una reforma fiscal cualquiera -así sea la injusta y equivocada reforma que proponen los foxistas- y con la simple venta de más activos del Estado es posible convertir el país en una economía pujante, un imperio de la justicia social y un territorio de abundancia y bienestar con conexiones universales a Internet. Tales objetivos no podrían alcanzarse en lo que queda de este sexenio, ni siquiera en el muy improbable caso de que los encargados de la política económica hicieran correctamente su trabajo. Y a este respecto cabe apuntar que el buen desempeño de gobierno empieza por hablar con la verdad.