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México D.F. Viernes 14 de noviembre de 2003

El gobierno del estado no informó a la Corte, dice el alcalde

Antecesor de Bours "pagó" a San Luis Río Colorado

Emitió el gobernador de Sonora decreto anticorrupción

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 13 de noviembre. El alcalde de San Luis Río Colorado, el panista José Inés Palafox Núñez, informó hoy que la administración del ex gobernador Armando López Nogales saldó la deuda de 6 millones de pesos que el gobierno del estado descontó al ayuntamiento de esa localidad por concepto del impuesto predial ejidal.

Indicó que mediante un convenio la administración estatal cubrió dicho saldo, en acatamiento a una resolución de primera instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenó saldar en tiempo y forma el importe total derivado de dicho gravamen.

Palafox Núñez consideró que la nueva resolución de la SCJN, emitida este martes, se originó porque el Ejecutivo estatal no informó a la autoridad judicial sobre los acuerdos alcanzados entre los gobiernos estatal y municipal, por lo que para los magistrados aún estaba pendiente el caso, aunque la controversia constitucional promovida por la autoridad municipal ante el Poder Judicial federal está resuelta en definitiva.

Se debe recordar que dos meses antes de que López Nogales entregara el poder a Eduardo Bours Castelo (el 13 de septiembre), la SCJN emitió un primer emplazamiento al jefe del Ejecutivo estatal para que cubriera 100 por ciento de los recursos captados por dicho impuesto.

Para evitar la adjudicación discrecional de obras, bienes y servicios contratados por el Ejecutivo estatal, el gobernador Bours Castelo emitió un decreto anticorrupción, cuyas disposiciones fueron publicadas el pasado lunes en el Boletín Oficial del gobierno del estado.

En él se establece que "todos los funcionarios que reciban prebendas a cambio de privilegiar a determinados proveedores serán despedidos sin contemplaciones de la administración pública".

Asimismo, advirtió que "aquellas empresas que ofrezcan sobornos a funcionarios del gobierno estatal para lograr la adjudicación de algún proyecto serán castigadas y dejarán de prestar sus servicios por lo menos durante su administración. "Se trata de acabar con los privilegios sexenales" y que todas las empresas que ofrezcan servicios a la administración de la entidad tengan las mismas oportunidades, dijo.

Podrá el gobierno del estado decomisar mercancía ilegal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió facultades al gobierno estatal para fiscalizar a partir del próximo primero de enero mercancías y automóviles de procedencia extranjera internados ilegalmente en el país.

El secretario de Finanzas, Guillermo Hopkins Gámez, informó que el gobernador Bours Castelo firmó el anexo número 8 de la SHCP, derivado de la ley fiscal y los acuerdos de coordinación administrativa que confieren al gobierno del estado las acciones de fiscalización en la materia.

Así, la Secretaría de Finanzas estará en posibilidades de crear su propia policía fiscal para inspeccionar fábricas o cualquier establecimiento comercial en los que se sospeche exista mercancía que no responda a las franquicias arancelarias enmarcadas en el Tratado de Libre Comercio.

Con esta medida, dijo, se espera reducir sustancialmente la introducción ilegal de vehículos extranjeros, así como de mercancías que no cumplan los requisitos de importación establecidos por la ley.

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