Horacio Labastida

ƑQué significan las privatizaciones?

Refiriéndonos sólo a nuestras dos últimas cartas federalistas, la de 1857, cuyas raíces hay que localizarlas en la revolución de Ayutla, que expulsó al felón Santa Anna, y la revolucionaria de 1917, elaborada para defender a la República de su desnacionalización a cargo de Porfirio Díaz y José Yves Limantour, la doctrina de éstos es igual a la del actual presidente Fox: sólo la entrada libre del capital extranjero garantiza el progreso de México; no hacerlo es abrir las puertas a una decadencia sin límite. Esto es lo que han aprendido en las universidades estadunidenses los tecnócratas gubernamentales que ahora pretenden privatizar electricidad, gas y petróleo, contra mandamientos expresos de la citada Constitución de 1917. Para éstos la maquilación de México y la multiplicación de changarros de tacos y tortas para los trabajadores es la visión próspera de la patria de Hidalgo y Morelos, olvidando la experiencia del pasado. La creciente miseria del pueblo mexicano en la era de Díaz y Limantour tuvo como causa la explotación del país por las subsidiarias extranjeras, situación denunciada por los floresmagonistas en su diario Regeneración. Cananea y Río Blanco en 1906 y 1907 son ejemplos trágicos de la apertura a los monopolios foráneos. El homicidio de los líderes de trabajadores fue tan extenso que al estallar la Revolución los obreros resintieron la ausencia de grandes directivos. La incertidumbre los llevaría a formar los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial, a sugerencia del carrancista Doctor Atl, para enviarlos a luchar contra los campesinos de Pancho Villa (1915).

Las cosas fueron claras. Los mexicanos habían tomado conciencia de que sus pobrezas y fracasos eran el resultado de la entrega del país a los monopolios patrocinados por los gobiernos de Washington y Londres, y de que este tremendo problema debía ser resuelto recobrando a la nación de la opresión supercapitalista y de la autoridad de Díaz, supeditado a la Casa Blanca durante los años que van del big stick de Theodore Rossevelt (1901-1909), la diplomacia del dólar de Taft (1909-1913), y Thomas W. Wilson (1913-1921), inficionados por el imperialismo plattista que instaló en Cuba una república sin soberanía propia.

Esa atmósfera avasallante rodeó en todo momento al constituyente revolucionario de 1916-1917, y alimentó la afirmación existencial de México sobre la desenajenación de sus riquezas concesionadas al extranjero. En el artículo 27 de la Constitución de 1917 vieron los diputados la salida redentora. En primer lugar se sancionó el derecho eminente de la nación sobre la totalidad de sus recursos materiales, así como la facultad de modelar la propiedad privada en función de los intereses públicos. Y una vez asentados estos paradigmas, la asamblea distribuyó la riqueza en nacional, social y privada, otorgándole a la primera el papel impulsor del desarrollo colectivo; a la segunda, un carácter reivindicativo de las poblaciones despojadas; y a la tercera, el derecho empresarial de usufructuar la propiedad privada hasta donde no se dañaran las instancias nacionales. Evidente es que el constituyente configuró al Estado mexicano sobre la base de sus derechos a poseer y explotar los recursos básicos, purgando en esta área de manera radical al capital extranjero expoliador. Por otra parte, se estimuló el capitalismo nacional hasta grados compatibles con el bien común. La armonía entre los patrimonios nacional, social y privado, pensó el constituyente, generaría la equitativa distribución de los ingresos familiares.

Vale ahora la pregunta: Ƒcuál es el significado social, político y económico de las privatización que implican la entrega de recursos humanos y materiales al capitalismo extranjero? Toda la historia de México acredita que un gobierno facilita la explotación del extranjero cuando se ha asociado con sus exigencias. Así ha ocurrido en mayor o menor nivel en nuestros años posrevolucionarios, desde el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo hasta el presente, con la excepción única de Lázaro Cárdenas. Hoy México está postrado por su dependencia económica y política de Estados Unidos, y su gobierno actual pretende completar el desastre privatizando los energéticos que nos quedan: electricidad, petróleo y gas, por medio de reformas propuestas al artículo 27 constitucional. Y en este capítulo cabe recordar la frase de Carl Schmitt al comentar la Constitución alemana de Weimar. Reformar, escribió Schmitt, no es destruir la Constitución. En ese aspecto, el constituyente ordinario es incompetente por origen de cambiar o adicionar leyes constitutivas esenciales de la ley suprema, porque hacerlo es destruir al Estado y a la nación que organizó políticamente. šEs resaltante en nuestros días que la población mexicana no está dispuesta y rechaza que sus mandatarios dinamiten al Estado y los valores nacionales que lo sustancian!