La negativa del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, a pagar una indemnización de mil 810 millones de pesos al supuesto dueño del expropiado Paraje San Juan, Arturo Arcipreste Nouvel, se basa en la sospecha bien fundada de que los procesos legales que derivaron en la orden de cubrir esa indemnización se desarrollaron con graves irregularidades y que detrás de los reclamos judiciales hay intención de obtener cuantiosos recursos públicos mediante falsificaciones, triquiñuelas legaloides y actos de corrupción.

Ante los documentos exhibidos ayer por el gobernante de la ciudad, así como el cúmulo de inconsistencias señaladas por diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal (GDF) -particularmente las observaciones de Carlota Botey, directora de Regularización Territorial de la urbe, sobre la inexistencia en los registros y archivos públicos de antecedentes de propiedad del predio en cuestión de Arcipreste o de familiares suyos-, las más altas instituciones del país, empezando por los integrantes de los tres poderes de la unión, tendrían que buscar el esclarecimiento, cada uno en su ámbito de competencia, de esta posible tentativa de transferir en forma fraudulenta recursos públicos a particulares.

Más aún: sin prejuzgar sobre la validez o invalidez de los elementos aportados por el GDF, resulta incomprensible que algunos funcionarios, legisladores y magistrados muestren tanta prisa por desechar tales elementos y exijan al gobernante capitalino que entregue la indemnización multimillonaria con los ojos cerrados, sin verificar que los documentos presentados por el presunto propietario del Paraje San Juan sean auténticos o apócrifos, descarten de antemano cualquier posibilidad de defensa legal de los bienes públicos y nieguen a López Obrador todo recurso para preservar el dinero de la ciudad.

Tales actitudes, justificadas con argumentos leguleyos, pero incompatibles con la ética y el decoro, refuerzan en forma inevitable la sospecha de que las resoluciones judiciales en favor de Arcipreste no tienen por objeto impartir justicia, sino realizar un jugoso negocio a expensas del erario, aprovechando defectos y lagunas en la legislación.

El diferendo por el Paraje San Juan se está convirtiendo en una encrucijada para el conjunto de la institucionalidad pública: o se adopta el camino del esclarecimiento y la investigación de las irregularidades -y se toma partido por la probidad y la transparencia- o se sigue acosando al GDF para que pague sin ver y se emita tácitamente, así, un voto en favor de la corrupción, la impunidad y el saqueo de los recursos públicos. La sociedad mexicana habrá de registrar y recordar los nombres de los funcionarios, representantes populares y magistrados que se decidan por lo segundo.