Cubrió el erario 35 por ciento del gravamen

Ex diputados de Querétaro crearon partida especial para no pagar ISR

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 22 de octubre. Los diputados de la pasada 53 legislatura local remplazaron con recursos del presupuesto de 2003 el 35 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR) que se les debió descontar de sus salarios, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todos los funcionarios de los diversos niveles de gobierno cumplieran con esta contribución.

Ex diputados queretanos, quienes pidieron el anonimato, explicaron que para que no se retuviera 100 por ciento del ISR a su salario (que era de 54 mil 920 pesos), acordaron crear la partida especial "subsidio ISR legisladores", tomando los recursos de la partida 57605000, denominada "prerrogativa de gestión social" y registrada en ceros en el documento Presupuesto de egresos y saldo del ejercicio del 2003, de donde salió 35 por ciento de dicho gravamen.

Dijeron que sumaron a su salario partidas para apoyos económicos de asesores y viáticos, por lo que quedó en 70 mil pesos, en lugar de los 54 mil, para que de esta forma se les retuviera la mínima cantidad del ISR.

De no haber existido el subsidio de retención, a cada uno de los 25 ex legisladores les habrían retenido de su sueldo aproximadamente 25 mil pesos mensuales, no los 14 mil que estuvieron pagando.

De acuerdo con el documento Presupuesto, egresos y saldo del ejercicio de 2003 del Congreso del estado, se presupuestó la cantidad de 920 mil 96.75 pesos para "subsidio ISR. Legisladores" de enero a septiembre de este año.

Por lo anterior, la actual legislatura solicitó a la administración del panista Francisco Garrido Patrón que otorgue apoyos económicos para concluir con esta obligación fiscal en lo que resta del año, pues registran un déficit de 874 mil 791 pesos del subsidio de la retención del ISR.

En otro orden, el gobierno de estado, rechazó la recomendación que emitió el mes pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre diversas irregularidades detectadas en los penales de San José el Alto y San Juan del Río, entre las que destacan la práctica de la tortura como forma de reprimir a los internos y la inadecuada operatividad de diversos módulos.