A 37 las sacaron de sus viviendas y a 8 les cortaron suministro de agua por no ir a mítines

Denuncian abusos de antorchistas 45 familias de Michoacán

ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL

Apatzingan, Mich., 22 de octubre. Un total de 37 familias de la colonia Las Yácatas, del municipio de Tacámbaro, denunciaron ante la procuradora de Justicia del estado, Lucila Arteaga Garibay, que líderes de Antorcha Campesina los despojaron de sus viviendas en represalia por no asistir a marchas y plantones, así como por no cubrir "cooperaciones" que les exigieron dirigentes de la citada organización.

De forma paralela, la Comisión Estatal de Derechos Humanos giró una recomendación al ayuntamiento de Tangancícuaro para que restituya el servicio de agua potable y drenaje que también Antorcha Campesina canceló a ocho familias por negarse a asistir a marchas y plantones.

En nombre de los afectados en Tacámbaro, Gloria Carlón aseguró que el antorchista Ramón Valadez Alvarez desalojó a las familias de sus casas de madera. Indicó que el problema empezó en 2000, "cuando nos negamos a ir a mítines y a pagar la cooperación que nos exige la agrupación priísta". Añadió que los afectados obtuvieron las escrituras correspondientes por medio del Instituto Michoacano de la Vivienda, y no obstante fueron desalojados.

Mientras, en Tangancícuaro, Lucina Contreras, Raúl Ayala y Luis Orozco, habitantes de una colonia antorchista, acusaron a Gabriel Monterrubio y a Jorge Manzo de suspenderles el suministro de agua.

En el expediente CEDH/MICH 0/0800/03/2003 se afirma: "hace casi ocho meses que la mesa directiva de la Colonia Mártires decidió cortarnos el suministro de agua potable, además de que desde hace casi dos años tampoco nos ha permitido conectarnos al servicio de drenaje".

Al momento, Antorcha Campesina mantiene un plantón frente al palacio de gobierno en contra de la administración que encabeza el gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Durante la movilización, los antorchistas han realizado pintas y pegotes en monumentos históricos de la ciudad de Morelia -a la que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad-, situación que ha causado molestia entre la sociedad michoacana.