La CIDH analiza el caso durante el 118 periodo de sesiones, en Washington

Exigen ONG al gobierno mexicano reivindicar la imagen de Digna Ochoa

La han denostado la PGJDF y la fiscal Guerra, sostienen abogados y familiares

VICTOR BALLINAS

Durante el 118 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Washington, la familia de la abogada asesinada Digna Ochoa y Plácido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez solicitaron al gobierno mexicano que reivindique la imagen pública y la memoria de la activista ante la campaña de denostación que de ella han hecho la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la fiscal Margarita Guerra.

En la audiencia de la CIDH en la que se analizó el caso, los organismos de defensa de los derechos humanos y la familia de Digna Ochoa, como peticionarios ante esa instancia, expusieron la campaña de desprestigio que sobre la abogada asesinada han hecho la fiscal Margarita Guerra y la propia PGJDF, al filtrar información parcial de la investigación y al difundir su conclusión del caso antes de que se presentara de manera formal.

En respuesta a esa petición, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, se comprometió a cumplir tal solicitud.

Juan Carlos Gutiérrez, director del Cejil-Mesoamérica, con sede en Costa Rica, uno de los abogados peticionarios del caso Digna Ochoa -que estuvo presente durante la audiencia en Washington-, destacó que la subsecretaria Olamendi aseveró en la CIDH "que no habría ningún inconveniente por parte del gobierno en reivindicar la memoria y la imagen de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa".

Asimismo, el Cejil, el Centro Pro, los abogados y la familia de Digna Ochoa demandaron en la CIDH que la fiscal del caso, Margarita Guerra, como ya concluyó su trabajo, "se abstenga de continuar pronunciándose sobre la abogada Ochoa y Plácido, ya que cada vez que se refiere a ella lo hace en términos de desprestigio".

En entrevista telefónica, Juan Carlos Gutiérrez dijo que durante la audiencia la fiscal Margarita Guerra presentó el resultado de su investigación y su conclusión de que Digna Ochoa se suicidó. Este argumento fue rechazado por las organizaciones de derechos humanos, el Cejil y los abogados de la familia, y "argumentamos que la investigación tiene fallas, errores y omisiones, y que incluso se utilizaron de manera parcial algunos resultados de los peritos de la CIDH".

Al respecto, abundó Gutiérrez, la fiscal Guerra reconoció que en efecto, al principio de la investigación hubo irregularidades, pero que éstas no afectaron "para nada" el resultado de las pesquisas.

El director de Cejil-Mesoamérica subrayó que "nosotros la rebatimos, le dijimos que hay muchísimas dudas, aspectos científicos que no son claros y que, contrario a lo que la fiscal afirma, el cuerpo de la abogada Ochoa presentó señales de violencia que no fueron suficientemente analizadas".

Los peticionarios expusieron ante la CIDH la negativa del Gobierno del Distrito Federal -de la PGJDF y de la fiscal- de aceptar las pruebas que poseen los abogados de la familia y solicitaron que esa instancia solicite al gobierno mexicano la aceptación y análisis de las mismas.

No ha habido carpetazo, afirma Bátiz

En la capital del país, el titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz, rechazó que se haya dado carpetazo al caso Digna Ochoa, pues la investigación tardó varios meses y hubo hasta dos fiscales que fueron a fondo y llegaron a la misma conclusión, de que fue un suicidio y, por lo pronto, esa resolución de la procuraduría "es inamovible" hasta que los órganos jurisdiccionales no determinen otra cosa.

Entrevistado luego de comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Bátiz precisó que iba preparado para exponer este caso a los diputados, así como las conclusiones, pero nadie se lo preguntó en tribuna. RAUL LLANOS