Los consejeros electorales que integran el Instituto Federal Electoral (IFE) celebraron ayer su última sesión. El último día de ese mes dejarán el cargo, y el primero de noviembre deberá entrar en funciones el nuevo Consejo General del organismo. Es una circunstancia propicia para ensayar un breve recuento del primer tramo de vida de esta institución republicana, que empezó a funcionar, en su modalidad de plena autonomía del Ejecutivo federal, hace siete años, en 1996, no a consecuencia de una graciosa concesión del poder, sino como resultado de innumerables gestas cívicas e insistentes reclamos ciudadanos por un órgano electoral imparcial y creíble.

Es oportuno recordar que el IFE fue establecido en 1989, en acatamiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) promulgado ese año, en un intento del régimen por superar el severo desgaste político que le ocasionó la polémica elección presidencial del año anterior, en la que todo el aparato de Estado se volcó para imponer, por los medios que fuera, a Carlos Salinas como presidente de la República. Sin embargo, ese IFE original, si bien enriquecido con consejeros magistrados seleccionados por la Cámara de Diputados a propuesta del titular del Ejecutivo, seguía manteniendo una fuerte dependencia de este último. Sucesivas reformas fueron ampliando las atribuciones y el margen de independencia de la institución hasta que, en 1996, la Presidencia de la República perdió toda injerencia en el IFE.

Significativamente, a partir de entonces los conflictos pre y poselectorales pudieron ser dirimidos, en casi todos los casos, por vías institucionales, ya fuera en el seno del propio IFE, en sus similares estatales o en los tribunales electorales. La primera prueba de fuego de la institución en su actual configuración fue la elección de 1997, en la que el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados y la jefatura de Gobierno de la ciudad de México.

Sin duda, el gran hito del actual Consejo General del IFE ocurrió el 2 de julio de 2000, cuando el candidato opositor Vicente Fox ganó la Presidencia de la República. Esa consumación de la alternancia marcó el inicio de una nueva era en la vida política del país, en la cual las formalidades democráticas se habían convertido en prácticas respetadas y creíbles. Ciertamente, la protagonista principal de esa transformación invaluable es la sociedad misma, como reconoció ayer el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, pero debe valorarse también la capacidad del instituto para mantenerse, en términos generales, y no sin la comisión de errores de diversa índole y dimensión, en sintonía con esa misma sociedad y con las demandas ciudadanas de equidad, legalidad y transparencia en los procesos electorales.

La más importante enseñanza de estos primeros siete años del IFE como autoridad comicial autónoma es, precisamente, que la tradicional contraposición entre autoridades y ciudadanía -contraposición derivada del vetusto y antidemocrático régimen priísta- puede superarse y convertirse en una relación fluida y armónica.

Sin duda la tarea dista mucho de estar concluida, y el próximo Consejo General del IFE tendrá ante sí considerables desafíos. Algunos de los más importantes serán, por una parte, superar el paradigma formalista de democracia representativa, y orientarse hacia concepciones democráticas más equitativas en lo social y más participativas en lo político, y por la otra, proponer mecanismos electorales menos onerosos y subsidios públicos más modestos para los partidos políticos.