Informe previo de la consejera jurídica

El gobierno local ha logrado disminuir sentencias en su contra

LAURA GOMEZ Y RAUL LLANOS

El Gobierno del Distrito Federal enfrenta nueve juicios de amparo y 12 incidentes de inejecución de sentencia de "relevancia extrema", por el monto millonario de recursos involucrados o las consecuencias políticas y administrativas que representan para el Ejecutivo local, entre los cuales se encuentra el caso de Paraje San Juan, donde se continúa con la defensa jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito.

La consejera jurídica, María Estela Ríos González, explicó que se buscará en todo momento salvaguardar el patrimonio de la ciudad y sus habitantes. En el informe previo a su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a realizarse el jueves, menciona que la sistematización de criterios jurisdiccionales para mejorar la argumentación y acciones a adoptar en cada juicio ha permitido disminuir el número de sentencias en contra, que pasaron de 5 mil 777 a 349, así como las demandas nuevas, de 9 mil a 2 mil 19.

Además se han iniciado 6 mil 234 averiguaciones previas, en su mayoría relacionadas con recuperación de daños producidos al patrimonio del Distrito Federal, lográndose en ello una recuperación de 4 millones 12 mil 972 pesos por concepto de reparación. Resalta también el combate frontal a la corrupción, principalmente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Al respecto, la funcionaria menciona que en una investigación documental de operaciones promovida para liberar folios en custodia se detectaron escrituras presumiblemente apócrifas, lo que condujo al levantamiento de cuatro actas administrativas a personal de base, una constancia de hechos a personal eventual y una denuncia en contra de personal de seguridad, por diversas irregularidades.

Asimismo se presentaron siete denuncias ante el Ministerio Público contra personal de base, eventual, de seguridad, gestores y particulares por la posible comisión de delitos en detrimento de la institución; se frenó la fuga de información registral mediante un sistema de videovigilancia y el control estricto de expedición de copias de folio, y en los procesos de calificación e inscripción se erradicaron la discrecionalidad y el clientilismo, menciona. Con ello se resuelven las lagunas técnicas y un rezago de más de 10 años en materia de actualización jurídica, aunque tres criterios adicionales serán expedidos en breve, adelantó.