Someterá a consulta anteproyecto de reforma legal

Propone Batres hacer obligatorios trabajo y educación en las cárceles

El anteproyecto de reformas a la legislación penitenciaria del Distrito Federal que dio a conocer ayer el subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, propone que las actividades laborales y educativas sean obligatorias no sólo para los presos sentenciados, sino también para aquellos que se encuentran aún sujetos a proceso penal. La propuesta, señaló el funcionario, será sometida a consulta en otras áreas del gobierno de la ciudad y estará abierta a las aportaciones que hagan también otras instancias, como el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del DF.

El objetivo, destacó Batres, es que el trabajo sea la base de la readaptación social de los internos en el sistema penitenciario. "Consideramos que el trabajo es la herramienta más importante de la readaptación social y el ocio en los reclusorios es, precisamente, el mayor fermento para la reincidencia posterior, al impedir dicha readaptación. Está demostrado incluso que el trabajo es uno de los alientos principales para la preliberación, así es que consideramos que esto debe formar parte de una serie de modificaciones legales", apuntó.

Un diagnóstico de los primeros seis meses del año señala que el área de capacitación y trabajo atendió a uno por ciento de la población total, es decir, 245 internos, en capacitación, y 19.56 por ciento realizó algún trabajo -4 mil 458 internos-, principalmente en servicios y en talleres artesanales.

Por lo que hace a las actividades educativas, unos 4 mil 469 presos, 20 por ciento de la población total, se incorporaron, de la siguiente manera: 126 en alfabetización, mil 173 en educación primaria, mil 346 en nivel secundaria, mil 710 en preparatoria, mientras que 114 internos realizaron trabajos extraescolares.

Datos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social refieren que alrededor de 42 por ciento de la población penitenciaria realiza actividades laborales y educativas; el resto no realiza ningún tipo de tarea.

El anteproyecto consiste en reformar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el DF y el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social. Está sustentada en el artículo 18 constitucional, que señala la facultad de los gobiernos de los estados de organizar el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, "sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente"; en el artículo 123, que garantiza el derecho de toda persona a tener un trabajo digno y socialmente útil, y establece la responsabilidad del Estado de promover la creación de empleos conforme con lo establecido por la misma ley; y el artículo 5, que prohíbe la prestación de trabajos personales sin la justa retribución, "salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto" por el artículo 123.

Batres consideró que es posible establecer mecanismos de trabajo en los reclusorios, pese a que se trata de miles de internos, pues existe ya una incipiente industria penitenciaria que ha tenido bastante éxito, no sólo para la readaptación de los presos, sino desde el punto de vista económico, por lo que es posible extenderla sobre una base legal, a fin de que no sea necesario que salgan a realizar trabajos fuera de los centros de internación.

El funcionario consideró que depende de la agilidad con que se hagan las consultas y se consideren otras observaciones a la propuesta, pero es posible que a fin de año se envíe la iniciativa a la Asamblea Legislativa del DF, donde tendría también que revisarse el documento antes de proceder a la aprobación de las reformas. Lo importante, indicó, es que ya hay un planteamiento concreto sobre las modificaciones que se consideran indispensables.